Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
La diputada Javiera Rodríguez (REP) pidió a Contraloría revisar la legalidad de la contratación de Daniel Jadue como asesor urbanístico de la Secpla de Cerro Navia. Solicitó evaluar la justificación del cargo, sus antecedentes profesionales, las condiciones del contrato y si vínculos personales o políticos influyeron. Jadue trabaja desde noviembre a media jornada y su sueldo se estima en $1,3 millones brutos. Rodríguez también pidió verificar la compatibilidad entre sus medidas cautelares y sus funciones.
El oficio, dirigido a la contralora Dorothy Pérez, pide revisar la justificación del cargo, cómo se evaluaron los antecedentes profesionales del exalcalde de Recoleta y si las condiciones del contrato se ajustan a la normativa.
Recordemos que según fuentes municipales consultadas por BioBioChile, Jadue se incorporó en noviembre a media jornada, con grado 7 de la escala municipal. A partir de esa escala, la remuneración se estima en $1,3 millones brutos mensuales.
La parlamentaria pidió examinar si algún vínculo personal o político pudo influir en la decisión de contratarlo.
Solicitud de revisión a Contraloría por contratación de Daniel Jadue
“¿Sabían que Daniel Jadue fue contratado como asesor urbanístico en Cerro Navia? Sí, el mismo Jadue, acusado por estafa, cohecho y fraude al fisco en el caso Farmacias Populares”, señaló Rodríguez. Asimismo, recordó que la citada causa está en etapa de preparación del juicio oral y el exalcalde, que cumple arresto domiciliario nocturno, ha sostenido su inocencia.
En esa línea, el oficio también pide revisar la compatibilidad de las medidas cautelares con el desempeño de sus funciones.
La parlamentaria sostuvo que las contrataciones municipales deben responder a criterios técnicos y a las necesidades de los vecinos. “Todos tienen derecho a trabajar, pero si es en un municipio, los estándares deberían ser bastante más altos. Porque los municipios están para servir y ayudar a los vecinos, no para convertirse en agencias de empleo de los amiguitos políticos”, agregó.
En esa línea, la legisladora solicitó que Contraloría examine los antecedentes y determine si la decisión se ajustó al marco legal.
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