Videos, detenciones y cautelares: la semana que evidenció tortura a extrabajador en Hospital de Osorno

Tras conocerse la prisión preventiva para dos de los cuatro acusados por el delito de tortura en contra de un extrabajador en dependencias del Hospital de Osorno, región de Los Lagos, la Fiscalía ratificó que no tenían conocimiento de los videos difundidos con las agresiones.

Lo anterior, pese a existir una denuncia que la víctima presentó el 2020, de la que dijo, fue una investigación distinta a la actual.

La peor cara de los procesos de denuncias sumariales al interior de una repartición pública quedaron plasmados esta semana. Agresiones, vejaciones y torturas por parte de 4 trabajadores administrativos del Hospital Base de Osorno en contra de un -ahora- exfuncionario, entre 2018 y 2020, derivó en acciones que se esperaban ocurrieran años atrás, luego que en la época finalizaran sin sanciones.

Eso sí, ocurrieron en los últimos días, ya que tras un año de sumario, se confirmó la destitución de los cuatro involucrados en cometer los actos -en los que se grababan atacando a la víctima que hoy no pertenece al Servicio de Salud y está fuera del país- se abrió una investigación del Ministerio Público y se procedió con formalización de cargos.

Esta semana, la Contraloría, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Servicio de Salud de Osorno se sumaron a una nueva denuncia, que se inició de oficio por parte de la Fiscalía local, y que se basó en un sumario y una denuncia de 2020 (causa vigente y que se adjunta a esta nueva) para su exposición de los hechos ante el juez de Garantía, y que permitió que la fiscal María Angelica de Miguel ratificará que estos videos -que se hicieron públicos esta semana- no eran de conocimiento del Ministerio Público y que recién esta semana supieron de ellos luego que aparecieran en la prensa.

Así fue que este viernes, de los cuatro imputados por el delito de tortura en carácter de reiterado, dos de ellos, de iniciales E.G.A y R.R.M, quedaron en prisión preventiva tras demostrarse su mayor participación de los hechos.

Los otros dos involucrados quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional, según dictaminó el juez de Garantía, demostrándose que uno de ellos, de iniciales J.B.H, declaró voluntariamente y colaboró con la investigación.

El otro imputado, de iniciales J.N.G, contó con una declaración que hace la víctima a la Fiscalía, quien envió un correo electrónico pidiendo que no se le impute, asegurando que este (imputado) lo protegió en su estadía laboral en el Hospital de Osorno.

A ellos, la Fiscalía local dijo estar estudiando la apelación de la resolución dictaminada en el Juzgado de Garantía de Osorno, pero, que en cierta medida, están conformes.

En cuanto a la defensa, que fue representada por abogados de los cuatro involucrados, en primera instancia intentó declarar ilegal las detenciones, lo que fue negado por el juez de Garantía, quien procedió a la formalización de cargos de los imputados.

En ese contexto, basaron sus alegatos en la integración que los acusados decían tener con la víctima, y que los hechos en el periodo que trabajaron con él, en su mayoría, eran consensuados y muchas veces para pasar el tiempo.

De hecho, en la audiencia se mostraron fotografías de asados y reuniones donde, aseguraban, incluían a la víctima.

Los alegatos fueron escuchados por el juez, mientras que ahora restan 100 días para la investigación respectiva.

Finalmente, el Ministerio Público además confirmó que hay una denuncia paralela ante Fiscalía por la filtración de información y de registros audiovisuales desde la carpeta sumarial.

Ante ello, afirmó la fiscal de Miguel, se tendrá que determinar desde cuándo el Hospital Base de Osorno contaba con los registros y tenía conocimiento del caso.