El Gobierno eliminó la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales. Voces del mundo mapuche indicaron que al Ejecutivo le “molestan” los pueblos originarios y que la medida contradice las propuestas de figuras de la derecha respecto a superar la pobreza en La Araucanía.
Distintas consecuencias están dejando las medidas de austeridad fiscal del Gobierno del presidente José Antonio Kast, que ahora decidió eliminar la mencionada unidad.
Así lo establece la cartera a través de la resolución exenta N°386 con fecha del 19 de marzo, indicando que, debido a las instrucciones del Ministerio de Hacienda, se hizo necesario efectuar una reestructuración interna.
Esta unidad de Bienes Nacionales ayudaba, entre otras cosas, a regularizar las tierras indígenas para que los herederos obtuvieran sus títulos de dominio y optaran a las ayudas estatales.
Nueva medida
La exconvencional y excandidata al Senado, Rosa Catrileo, dijo que para estas materias se necesitan unidades especializadas para el cumplimiento de tratados internacionales y las leyes.
“No todos los funcionarios se especializan en materia de derechos indígenas porque tienen una legislación especial, porque hay tratados internacionales y para eso son súper importantes las unidades especializadas. Vamos retrocediendo, o sea, vamos quitando institucionalidad que va con el discurso, en todo caso, del gobierno. No me sorprende porque ellos son bastante desconocedores de los derechos indígenas y, por lo tanto, les molestan los pueblos indígenas”, dijo la mujer.
El presidente de la Corporación de Profesionales Mapuches Enama, Hugo Alcamán, dijo que se trata de una medida contradictoria y recordó las declaraciones del senador Rodolfo Carter, que a su juicio “demuestra sencillamente un eslogan, una frase que no tiene sustento. La pobreza, si él quiere combatirla, tenemos que partir con regularizar los títulos de las familias mapuche especialmente”.
De acuerdo a la exconvencional, en La Araucanía existe 16 mil carpetas en la Seremi de Bienes Nacionales para regularizar sus tierras indígenas, indicando que la decisión del Gobierno podría retrasar estos procesos que ya tienen una espera cercana a los 5 años.
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