Retos normativos y ciudadanos en el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural

Con poco más de dos siglos de historia republicana, la nación alberga una vasta pluralidad de manifestaciones que configuran una identidad diversa, en estrecho vínculo con los entornos geográficos y culturales de los territorios. No obstante, el devenir político y económico nacional ha postergado históricamente el reconocimiento de estas expresiones artístico-culturales.

Dicha carencia de puesta en valor ha derivado en la desprotección y en una pérdida sistemática del acervo patrimonial, afectando bienes -tanto materiales como inmateriales- que resultan fundamentales para el desarrollo cultural y la construcción de la memoria social.

En la actualidad, este debate se reactiva bajo el marco del proyecto de Ley de Patrimonio Cultural que hoy trabaja con suma urgencia en el Senado. Esta discusión resulta imperativa para establecer una normativa que permita valorar el pasado como cimiento de una sociedad sólida.

En el escenario de las sociedades globales, donde la hiperconectividad y la inmediatez cobran fuerza, se observa la instauración de un paradigma de “lo desechable” en la vida cotidiana. Esta lógica resulta antagónica al leitmotiv de lo patrimonial, cuya máxima radica en la conservación y protección óptima de los bienes heredados.

Bajo la perspectiva del actual proyecto de ley, resulta clave que los organismos encargados de la reflexión técnica consideren cuatro ejes estratégicos de gestión pública:

-Diagnóstico multifactorial: Es prioritario catastrar el estado actual del patrimonio y simplificar su funcionamiento normativo para una gestión eficiente.

-Planificación estratégica: El Estado debe asumir un rol protagónico en la revitalización, puesta en valor y recuperación de los bienes culturales.

-Fiscalización y control: Una supervisión rigurosa del patrimonio material e inmaterial se alza como una condición indispensable para su preservación efectiva.

-Transferencia de conocimiento: La difusión del valor estético y social del patrimonio debe ser una responsabilidad compartida con la sociedad civil, mediada por herramientas educativas robustas.

Estos ejes requieren, idealmente, la participación de todos los actores involucrados, donde la consulta ciudadana sea una pieza clave y no se limite exclusivamente a una discusión de expertos o estamentos políticos.

Una de las virtudes de la dimensión patrimonial reside en el valor que la ciudadanía asigna a idiomas, tradiciones, música, ceremonias, festividades, objetos, sitios y oficios. En este sentido, no es fortuito que la herencia y el traspaso intergeneracional se articulen desde la base social en colaboración con agentes públicos y privados. En definitiva, la participación ciudadana constituye un factor determinante para la vigencia, el reconocimiento y la sostenibilidad del patrimonio en el tiempo.

Hernán Riquelme Brevis
Director Magíster en Patrimonio y Turismo
Universidad Autónoma