Insistiendo en su inocencia, la funcionaria del Gobierno Regional de Los Lagos descartó la comisión de delitos, pero reconoció que quizás "puede haber errores" en la gestión.
Tras salir de la formalización de cargos por el delito de fraude al fisco por un monto de $1.200 millones, la administradora del Gobierno Regional de Los Lagos, Viviana Godoy, afirmó que “no he cometido ningún delito”.
En la instancia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, el juez rechazó la solicitud de la Fiscalía de decretar la prisión preventiva en contra de la imputada, decretando el arresto domiciliario total, esto por considerar que su libertad no es un peligro para la sociedad.
Tras abandonar el tribunal, en compañía de su abogado, Godoy aseguró que no tiene ningún vínculo ni conocía a ninguna de las fundaciones cuyas transferencias del GORE son investigadas por el Ministerio Público en el marco del caso Convenios.
Asimismo dijo que “falta robustecer un Gobierno Regional, que en el fondo actuó bajo las normas que tenía. No hubo una falta a las normas que existen”, descartando cualquier anomalía en su gestión.
“Desde mi perspectiva y de lo que conozco al gobernador (Patricio Vallespín), ninguno de los dos ha hecho ningún acto irregular, ilegal o ilícito”, aseveró, aunque a su vez reconoció que “puede haber errores, pero uno no tiene un foco en generar un ilícito, sin duda que no”.
En esa misma línea dijo que lo que está viviendo por la investigación en su contra es “lo más amargo y macabro que uno puede vivir en la vida”.
Por su parte, el abogado que representa a Godoy, Andrés Firmani, aseguró que no hay elementos que permitan estimar la configuración del delito que imputa la Fiscalía. Al igual a lo indicado por la administradora, apunta más bien a “errores administrativos, negligencias o faltas a la probidad administrativa”.
El fiscal Marcos Muñoz, a cargo de la indagatoria por los traspasos de recursos del GORE a diversas fundaciones, informó que a la mujer fue formalizada por el delito de fraude al fisco por un monto de 1.200 millones de pesos.
Para finalizar el persecutor indicó que evaluará apelar al arresto domiciliario impuesto para que la acusada quede en prisión preventiva.
