Acusando discriminación arbitraria, los vecinos del sector Las Cascadas de Puerto Octay, en la región de Los Lagos, presentarán un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia para obtener los títulos de domicilio de sus viviendas y terrenos. Confirmaron que de no obtener una resolución favorable, apelarán a la Suprema e, incluso, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Un recurso de protección presentarán los residentes de Las Cascadas en Puerto Octay, en la región de Los Lagos, por la imposibilidad de acceder a títulos de dominio y aseguran que la demanda podría llegar a Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Isidora Ramírez, profesional del staff Terrasur Abogados, representa gratuitamente a cerca de 2 mil habitantes de Las Cascadas, sosteniendo que el Ministerio de Tierras y Colonización, antecesor al de Bienes Nacionales, loteó terrenos con 35 títulos de dominio mientras que la Corporación de la Vivienda – hoy Serviu – entregó subsidios habitacionales.

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En medio del proceso se argumentó el peligro por la ubicación de Las Cascadas, ya que está en los faldeos del volcán Osorno, pero Ramírez acusa una discriminación arbitraria, ya que la localidad se divide en dos sectores: casas de veraneo, que sí tienen títulos de dominio, y domicilios permanentes, que no cuenta con dicho certificado.

Esgrimió que el riesgo volcánico no impide el desarrollo de las familias, existiendo ejemplos de ello, como lo que ocurre en Chaitén.

A lo anterior sumó que Bienes Nacionales argumenta la subdivisión predial mínima, con loteos de no menos de media hectárea en áreas rurales, siendo que Las Cascadas tiene terrenos de 400 metros cuadrados en la zona de balneario y hasta 480 en el pueblo.

Desde Bienes Nacionales, su seremi en Los Lagos, Jorge Moreno, dijo que se constituyó una comisión que abordó la materia, pero ante la judicialización del caso esperan lo que se resuelva en tribunales.

El recurso será presentado en el Corte de Apelaciones de Valdivia y de no obtener una resolución satisfactoria se apelará en la Suprema, pero se aclaró que de mantenerse la postura se demandará al estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.