Uso de globos para internar droga. Pagos de 500 mil pesos mensuales. “Permiso” para vender teléfonos y droga. Gendarmes y reos casi amigos. Escuchas telefónicas. Estos son los ingredientes que dan vida a una red de tráfico de drogas y de otras especies prohibidas al interior de la cárcel de Puerto Montt.
Tras más de 10 días de juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt comprobó las responsabilidades de 11 de los 12 imputados por la red de tráfico de drogas y de otras especies prohibidas que nació al interior del Complejo Penitenciario Alto Bonito. Actos coordinados por reclusos del penal en conocimiento y participación de dos funcionarios de Gendarmería y un trabajador de la concesionaria que administra el recinto.
El delito era coordinado por Oscar Carrasco, Claudio Lagos y Héctor Alvarado, los dos primeros, internos del módulo 54 del recinto, quienes mensualmente durante 2018 le pagaron al encargado de dicho sector, el cabo 1° Luis Morales, la suma de $500.000 a cambio de omitir responsabilidades propias de su cargo, es decir, permitir y facilitar la internación, venta y distribución de droga y equipos celulares.
Pero no sólo ellos, también estaban involucrados Rodrigo Guerrero (interno); Jorge Zamora, Margarita Riffo, Scarlet Quezada y Marianela Ángel (familiares y cercanos de reclusos); Jorge Gómez (trabajador de la concesionaria); y Jonathan Sánchez (gendarme).
La Oficina de Seguridad Interna del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Puerto Montt tenía a tres personas de interés por la droga y teléfonos que se le encontraban a los internos del recinto: Se trataba de Oscar Carrasco, recluso del módulo 54; su pareja, Margarita Riffo; y el cabo Luis Morales. Tras gestionar la intervención del celular del primero comenzó el trabajo investigativo para determinar sus participaciones en los ilícitos.
Entre las diligencias estaba seguir el rastro de Jorge Zamora, quien a pedido de Carrasco viajó a Santiago a buscar marihuana. Su llegada a Puerto Montt permitiría conocer cómo se ingresaba la droga al interior del centro penitenciario; sin embargo, Carabineros del OS-7 controló al imputado previo a concretar la transacción, en la ruta 5 Sur, sorprendiéndolo con un bolso que tenía dos paquetes de nylon: uno contenía un ladrillo de marihuana que arrojó un peso neto de 976,22 gramos y otro en modalidad de granel con 101 gramos.
Globos con droga
El 7 de septiembre se logró establecer que Jorge Gómez, funcionario de la concesionaria, concurrió a la casa de la madre de Héctor Alvarado, Marianela Ángel, recepcionó droga para luego ingresarla a la cárcel y entregársela a otro interno.
Ese mismo día, el condenado Rodrigo Guerrera, fue sorprendido guardando en una mochila una bolsa con 3,89 gramos de clorhidrato de cocaína, dos globos azules que tenían 35 bolsas de pasta base, un guante con otro globo y una guante de latex que tenía oculto marihuana; además, de una bolsa de nylon y un envoltorio de papel revisto con la misma droga.
Más tarde, se demostró que Margarita Riffo, pareja de Carrasco, era la encargada de dosificar la droga y ocultarla en globos, los mismos que se encontraron en poder de Guerrero y que evidenció que estaban dirigidas a Claudio Lagos y Héctor Alvarado.
Fuera de las murallas de la cárcel, cercanos a los internos, en específico Marianela Ángel, continuaba gestionando un nuevo ingreso de drogas en coordinación con Óscar Carrasco, quien junto a Lagos y Alvarado se encargarían de distribuirla.
De acuerdo a la investigación que lideró el Departamento de Asuntos Internos de Gendarmería y la Fiscalía, entre mayo y septiembre, el funcionario y ex dirigente Luis Morales, recibió en depósitos a la cuenta bancaria de su esposa y dinero en efectivo la suma de $2.915.000 por propiciar los ilícitos.
Así quedó demostrado en un mensaje que Carrasco le envió a su pareja, Margarita Riffo, el 15 de julio de 2018:
“Un emprendedor”
Al ser consultado por su relación con el interno, el cabo respondió que “es más que custodio, yo le tenía estima porque él era una persona emprendendora, porque trabajaba y porque tenía muy buena voluntad, era mozo y uno cuando no conocía a los internos uno le preguntaba a él, y él los iba a buscar”.
Además, reconoció haberle hecho encargos a Carrasco, los que afirmó se limitaban a comprarle medicamentos y herramientas en el exterior y hacérselas llegar a la unidad penal.
Respecto a los montos depositados a la cuenta de su esposa, Morales detalló que los $500.000 de mayo fue porque “al tener la calidad de perpetuo no podía salir del módulo a trabajar en un taller que hay, por lo que conversó conmigo y con el suboficial Ayán para poder trabajar dentro del módulo y hacer muebles grandes, comedores, rack y mesas de centro, a lo cual el suboficial aceptó, pero no tenía herramientas (…) me pide si podía cotizarle un taladro pedestal eléctrico, el que cotizo en Sodimac. Salió alrededor de $165.000 -estaba en oferta- así que le dije y me respondió que no tenía plata, le respondí que no se preocupara, como yo siempre le mandaba a hacer trabajos, le dije que me lo devolviera tiempo después, cuando tenga plata o lo descontábamos de algún trabajo”.
El asado y los $915.000 de regalo
La segunda transferencia la justificó asegurando que el interno era mozo, es decir, estaba encargado de hacer las actividades, como celebrar el día del niño, del padre o las fiestas de fin de año, y “yo siempre lo ayudaba con las compras porque dentro del módulo 54 hay parrillas y cosas para que los internos coman sus carnes para las fiestas”.
En ese contexto es que habían acordado hacer un asado para el 18 de septiembre, donde cada persona debía entregar $35 mil. “Al otro día él me dijo, cabo Morales le deposité plata para el asado, yo me voy a manifestar con el asado de los funcionarios, y para que usted haga las compras con el asado de la población penal. Le pregunté, cuánto me depositaste y me dijo $500.000. Le dije, oye Oscar, no lo hagas de nuevo porque se está viendo feo, por lo cual yo le ingresé dinero a modo de devolución, obviamente no se logró hacer el asado porque caímos detenidos el 12 de septiembre“.
El monto más elevado de los ingresos se produjo en agosto, correspondiente a $915.000. Según su declaración, este había sido “un regalo” ya que él y su familia se enfermaron.
“Estuve con licencia y cuando volví a trabajar converso con los colegas, estando Óscar presente, y le comento a uno que había gastado como $500.000 porque mi hijo se había enfermado y todo lo hice particular, los exámenes médicos míos, de mi señora y mi hijo (…) no recuerdo si al otro día o dos días después me hace un depósito y me dice, cabo Morales fíjese en su cuenta porque le hice un regalito, yo le dije que tipo de regalo y me respondió que era por mi hijo que está enfermo y que entendía cuando la persona estaba mal de plata, yo me fijo en la cuenta y habían $915.000. Cuando volví a trabajar le dije que no lo haga, que yo entiendo la voluntad, que yo igual ayudaba y todo, pero que no era necesario, lo cual le fui devolviendo de $80.000, durante alrededor de dos semanas”.
Los favores eran recíprocos. Cuando la pareja de Carrasco se quebró la cadera, el cabo 1° fue a visitarla a la casa y le llevó unas muletas para que pudiera caminar. La segunda vez fue al inmueble a “buscar dinero para comprar madera” y la tercera a retirar remedios para el condenado, aunque aclara que fue en calidad de funcionario.
Ese tipo de relación también corría para Claudio Lagos y Héctor Alvarado, quienes el 1 de agosto se refirieron al respecto: “Tú sabís que él me avisa todas las hueas, es el patrón de fundo (Morales) po’ hueón”.
Es más, en 2016, Morales fue sometido a un sumario administrativo por mantener una conducta demasiado cercana con los presos, vínculo de familiaridad que se estimaba inapropiada, y que excedía su rol de custodio que le encomienda la ley. Finalmente, fue sobreseído.
$50 mil por celular
Las indagatorias también demostraron que, en a lo menos 10 ocasiones, entre junio y septiembre, el gendarme 2° Jonathan Sánchez -quien se hacía llamar Pedro- recibió de parte de Margarita Riffo al menos 158 celulares, por los cuales recibía de pago $50 mil por cada equipo. Durante ese periodo se estima que obtuvo $7.900.000.
En tanto, Carrasco vendía los móviles al triple, es decir, $150 mil.
Riffo aseguró que “Óscar me pasaba ese dinero por mano o lo retiraba de la cuenta, nunca se le pasó por transferencia”. Y agrega: “Yo hablé de 4 o 5 meses que le entregué celulares a Pedro. El primer mes le entregué celulares una vez a la semana pero después era cada quince días, era relativo, deben haber sido unas diez veces, porque yo no botaba los enchufes y me encontraron cerca de 100″.
La oportunidad del delito
Según relató el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Tejos, las dudas en este caso comenzaron por el alto nivel de incautaciones en las redadas, a excepción del módulo 54 que estaba a cargo de Morales.
Así comenzó el trabajo investigativo que incluyó escuchas de llamadas telefónicas que permitieron establecer las responsabilidades y el modo de operar de la banda y los funcionarios.
Al estar involucrado en la red dos funcionarios públicos, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte del proceso judicial, acusando a ambos gendarmes por el delito de cohecho y a uno de ellos sumó el tráfico de drogas. Éste último fue descartado por el tribunal.
El abogado Tejos afirmó que la “necesidad o las malas situaciones económicas pueden generar la tentación de obtener beneficios extra a los ingresos, pero a eso se suma este grado de proximidad e intimidad imprudente con los interno, lo que facilita este tipo de situaciones”.
Lo anterior, porque en el caso de Morales sumaba varios años a cargo del mismo módulo, lo que generó una especie de cercanía con los reclusos, un trato que excede el ambiente de custodio y de un interno que está cumpliendo condena.
A su juicio, ese tipo de escenarios deben ser analizados: “Se deben revisar los sistemas que existe en Gendarmería para que no vuelva a ocurrir y así evitar los vicios”. Aunque descartó que lo ocurrido en Alto Bonito sea una conducta sistemática.
Condenas
Jorge Zamora: condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 10 UTM, por su calidad de autor en el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, además de la suspensión de cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena.
Sin embargo, el tribunal sustituyó el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por la de reclusión parcial nocturna.
Luis Morales (gendarme): 818 días de presidio menor en su grado medio, multa de más de 5 millones de pesos y la suspensión de cargo u oficio público durante la condena, en calidad de autor del delito continuado de cohecho consumado, previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso primero del Código Penal.
Jonathan Sánchez (gendarme): 818 días de presidio menor en su grado medio, multa superior a los 15 millones de pesos y la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en calidad de autor del delito continuado de cohecho consumado previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso primero del Código Penal.
Margarita Riffo: 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa de 4 millones de pesos y la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en calidad de cómplice del delito continuado de soborno consumado previsto y sancionado en el artículo 250 del Código Penal.
Jorge Gómez: 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 10 UTM en calidad de autor del delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, además de la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
Marianela Angel: 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 10 UTM en calidad de autora del delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, además de la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
Oscar Carrasco: 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 10 UTM en calidad de autor del delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, además de la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
Por el delito de soborno, fue sancionado a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de más de 15 millones y la suspensión de ejercer cargos públicos.
Rodrigo Guerrero: 61 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 UTM por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Además, de la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
Scarlet Quezada: 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 10 UTM en calidad de autora del delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, además de la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
Claudio Lagos: condenado a tres años y un día de presidio menor en su grado máxima, multa de 10 UTM por tráfico de drogas en pequeñas cantidades y la suspensión de ejercer cargos públicos.
Héctor Alvarado: Tres años y un día de presidio menor en su grado máxima, multa de 10 UTM por tráfico de drogas en pequeñas cantidades y la suspensión de ejercer cargos públicos.
