Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), hicieron un llamado a exigir que la mesa mediadora entre el Sernac y la empresa ESSAL considere todos los ámbitos y no sólo la facturación de las cuentas a la hora de compensar a los clientes que han sufrido de cortes de agua en la última semana.

En tanto, desde diversos sectores políticos exigieron que se revise la concesión de la empresa para otorgar el servicio de agua potable. También coincidieron en que se deben pagar los costos políticos de la emergencia.

60 días sin facturar la cobranza del agua potable sería, en primera instancia, la compensación económica por parte de Essal a los miles de usuarios afectados por el corte de agua potable en Osorno.

Una medida insuficiente para la Organización de Consumidores y Usuarios. Su presidente, Stefan Larenas, indicó que en la mesa de mediación entre el Sernac y Essal se debe exigir la compensación por todos los ámbitos económicos que se vieron afectados por el corte de suministro.

Ante la situación, desde la Democracia Cristiana, partido en el que militan el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, y el presidente del directorio de Essal, Guillermo Pickering, exigieron la renuncia del Intendente de Los Lagos, Harry Jurgensen, y que el Ministerio de Obras Públicas solicite un informe técnico de caducidad de la concesión de la empresa sanitaria.

El Vicepresidente Nacional de la DC, Rodrigo Albornoz, sostuvo que Pickering debe enfrentar sus responsabilidades.

El diputado de la UDI por el distrito 25, Javier Hernández, coincidió en que se debe compensar a los usuarios en todos los ámbitos económicos que se vieron afectados y también hay que revisar la concesión de Essal.

Sin embargo, Hernández calificó de aprovechamiento político el pedir renuncias, y señaló que Bertín y Pickering deben clarificar la información que tenían desde el comienzo de la emergencia.

El diputado del Frente Amplio, Vlado Mirosevic, también exigió la revisión y eventual revocación de la concesión de Essal en Los Lagos, debido a los incumplimientos.

Además, el parlamentario indicó que se debe discutir el tiempo que un funcionario público, que ejerce en un ente regulador, tiene para trabajar en el mundo privado regulado después de dejar su cargo, que en Chile alcanza los seis meses, lejos de los dos años en promedio que tienen los países de la OCDE, según Mirosevic.