La Contraloría Regional de Los Lagos desarrolló una auditoría al Complejo Fronterizo Cardenal Antonio Samoré, para evaluar su manejo financiero.
Tras el análisis se determinó iniciar un sumario administrativo al interior de la Gobernación Provincial de Osorno, tras detectarse el pago de sobreprecios.
Según detalla el informe hecho público por el ente contralor, la auditoría fue efectuada para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del pasado año, cuando administraba la repartición María Tabita Gutiérrez. La mayoría de los errores detectado fueron subsanados, sin embargo, la mantención, limpieza en áreas verdes, servicios higiénicos e infraestructura arrojaron irregularidades que deben ser mayormente aclaradas.
Todo partió con una licitación pública a fines de 2016 para contratar tales servicios, donde la Empresa de Servicios de Gestión y Administración Empresarial Carlos Bustos Cisternas E.I.R.L. , ofertó por un valor de 198 millones 800 mil pesos, monto muy “oneroso” a juicio de la Gobernación, por lo que el proceso fue declarado desierto.
Sin embargo, para enero de 2017 se contrató vía directa a la misma empresa, pagándoles la suma de 19 millones 635 mil pesos. Según detalla el informe, la gobernadora Gutiérrez justificó tal decisión ante Contraloría por la urgencia de la mantención del complejo.
Posterior a ello, se volvieron a licitar los mismos servicios, pero por 11 meses, dándose curso a la adjudicación a la misma compañía, pero por un valor de 189 millones 359 mil pesos.
Con ello, la Contraloría concluyó que finalmente se pagaron por los servicios de mantención, limpieza en áreas verdes, servicios higiénicos e infraestructura un valor total de 206 millones de pesos 994 mil pesos, esto es, 8 millones 194 mil pesos más que la primera oferta recibida, y que la gobernación había considerado muy “onerosa”.
Se descubrió además que para ambos procesos de licitación, se usaron las mismas bases administrativas.
Con todo, el ente contralor concluye que, “por lo expuesto, en atención a que los hechos señalados corresponden a situaciones consolidadas que no son posibles de corregir, esta entidad fiscalizadora instruirá un procedimiento administrativo a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas del o los funcionarios involucrados en los hechos reseñados”.
Frente a ello, el actual gobernador, Daniel Lilayú, reconoció que se trata de un tema delicado, que espera se esclarezca tras el proceso de investigación.
Respecto a si podrían tomarse acciones judiciales si es que se comprueba algo más que una falta administrativas, Lilayú insistió en que se debe espera el resultado del sumario de Contraloría.
Finalmente, entre los reparos efectuados al manejo financiero del Complejo Fronterizo Cardenal Antonio Samoré durante el pasado año por la gobernación, se encuentran “una serie de deficiencias en el proceso de solicitud de las remesas y en las transferencias realizadas durante el año 2017”, incumpliéndose la reglamentación dispuesta por la Unidad de Pasos Fronterizos.
“Registros erróneos de órdenes de compra ya que la factura adjunta no dice relación con ellas; órdenes de compra registradas por montos distintos a los del documento original; solicitudes con las mismas órdenes de compra repetidas y por el mismo monto en diferentes meses; ausencia de documentos para justificar el requerimiento, entre otras”, detalla como incongruencias el informe de Contraloría, por lo que recomendó que se instruyan mejores procesos de control por parte de la Gobernación Provincial, todo con el fin de cuidar los recursos públicos.
