Comienza a cerrarse el proceso judicial por malversación de fondos públicos que enfrentan el alcalde de Río Negro, Carlos Schwalm, y quien fuera su jefe de gabinete hasta el 2013, Camilo Miranda. Éste último fue sentenciado a tres años, pero en libertad, quedando aún la acusación contra la primera autoridad comunal.
Miranda aceptó ir a un juicio abreviado, el que finalmente lo condenó y sentenció, además de la pena remitida, al pago de la multa de una Unidad Tributaria Mensual (UTM) y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras se ejecuta la sentencia.
El caso por malversación de caudales públicos se judicializó en 2017, pese a remontarse los hechos a 2013, existiendo como antecedentes una investigación previa de la Contraloría y una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Con ello se pudo acreditar que no se cumplieron los servicios pactados en un contrato anexo firmado entre Miranda y el municipio de Río Negro y por el cual se pagaron cerca de seis millones de pesos, por la supuesta construcción de una plataforma ciudadana en la web, además de otros compromisos similares.
La existencia de dicha plataforma no fue tal y se acreditó que Miranda no contaba con la experiencia en la materia, pese a lo cual se le cancelaron los servicios.
Para la concejal por Río Negro, Mónica Villarroel, se trata de una situación compleja, que provoca daños a la comuna.
Sin embargo, queda saber qué sucederá con el otro involucrado en este caso de malversación de caudales públicos, con un largo proceso. Se trata del alcalde de Río Negro, Carlos Schwalm, quien incluso fue llevado a un juicio de cuentas por la Contraloría, donde reconoció la situación y pagó personalmente el dinero cancelado a Miranda.
La sentencia da cuenta de una serie de decretos de pago de remuneraciones y certificados de cumplimiento del contrato. De ahí a que el Juzgado de Garantía de Río Negro llegara al convencimiento que el alcalde en el ejercicio de sus labores del cargo permitió que un tercero sustrajera caudales que ascendieron a la suma de 5 millones 887 mil pesos.
Esta es otra situación compleja para la comuna, de acuerdo a Villarroel, pues de ser condenado el alcalde a una pena aflictiva podría ser destituido.
Se espera que el tribunal defina la fecha para el juicio abreviado solicitado por la primera autoridad comunal, el que ha sido aplazado en varias ocasiones ante las solicitudes de aumento de plazo de investigación efectuadas por el Ministerio Público.
En todo caso, de acuerdo al sistema judicial chileno, el cese de las funciones de un alcalde puede concretarse si pierde su calidad de ciudadano, tras recibir una pena aflictiva. Pero también se explicita que ello puede darse si es que se contravienen las normas de probidad administrativa o comete el notable abandono de deberes. Una decisión que deberán tomar los tribunales electorales y el Tribunal Calificador de Elecciones.
