Una concejala de San Juan de la Costa llegó hasta el Ministerio Público para solicitar una investigación en la entidad edilicia, con el fin de esclarecer el pago de recursos a tres personas que, asegura, nadie conoce y no se tiene mayor información sobre los servicios prestados.

Se trata de Prosperina Queupuan, quien señala que fue información proporcionada por funcionarios del municipio quienes le hicieron crecer sus dudas, motivando además la presentación del requerimiento respectivo en la Contraloría, para la investigación correspondiente de quienes señala son funcionarios “fantasmas”.

Según detalló, se trata de funcionarios contratados a honorarios en años anteriores, quienes recibieron diversos valores durante meses, sin conocerse aún cuáles eran las funciones.

Tras conocer la situación, el alcalde Bernardo Candia revisó los antecedentes y llegó a la conclusión de que no existen irregularidades en su contratación y funciones. De hecho, apuntó hacia una persecución política por parte de Queupuan.

De todas formas, conviene precisar que uno de los contratados fue identificado como Juan Carlos López Urrutia, quien es yerno de Luis Saavedra, el único condenado por el delito de Malversación de Caudales Públicos en el municipio de Llanquihue, y por lo cual fue sentenciado a 4 años de presidio menor en su grado máximo, con arresto domiciliario nocturno, y al pago de 38 millones de pesos.

En la causa levantada por el Ministerio Público, el nombre de López Urrutia aparece vinculado a la contratación de diversas asesorías en el marco de la gestión alcaldicia.

Además se señala que Saavedra, en su calidad de jefe subrogante de la dirección de Finanzas, contrató a un contador para apoyo contable en el municipio, lo que no se habría realizado para posteriormente desviar dineros a otras cuentas bancarias, en general vinculadas a familiares del condenado, una de las cuales figura a nombre del funcionario contratado a honorarios y que la concejal Queupuan cuestiona.

Frente a ello, el alcalde Bernardo Candia reconoció no conocer tal causa judicial ya fallada y sentenciada, pero enfatizó en que la contratación de López Urrutia se ajustó a la norma y los servicios fueron cumplidos.

Finalmente, Prosperina Queupuan descartó la persecución política, enfatizando en que sólo busca que se transparente la situación de los tres funcionarios. De hecho, remarcó que es parte del rol fiscalizador que le exige la ley, pues de lo contrario podría caer en el notable abandono deberes.