Casi 1 millón de dólares deberá desembolsar el municipio de Osorno para cancelar la demanda que mantienen 91 profesores, luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inadmisible un recurso presentado por la entidad.

Cuando creían todo perdido, el TC declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad presentado por el municipio de Osorno, para dejar sin efecto la sentencia que los obliga a pagar más de 635 millones de pesos a 91 profesores, y que fue emitida por la Corte de Apelaciones de Valdivia y el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno.

La información fue confirmada a Radio Bío Bío por el vocero de los profesores demandantes, Daniel Álvarez, manifestando que tras recibir la noticia -hace unas semanas- que el Tribunal había frenado la ejecución de la sentencia dictada por segunda instancia, “creían todo perdido”.

No obstante ello, se les confirmó que el recurso fue declarado finalmente inadmisible, lo que en términos simples significa que deberán ejecutar la condena contra la casa edilicia local, por los dineros adeudados entre 2012 y 2016, relativos al bono contemplado en la Ley 19.933, “que consagra una subvención adicional especial para profesionales de la Educación”.

Asimismo, entregó detalles sobre los argumentos presentados por el Tribunal para no considerar la petición elevada por el municipio, el cual insiste en que los dineros no le corresponden a los docentes, ya sea por que -a su juicio- sería una causa prescrita e improcedente por ser los demandantes docentes municipales.

Este fallo senta un precedente a nivel país, considerando que no sólo el municipio de Osorno se mantiene demandado por sumas “estratosféricas”. Para otras alcaldías, a lo largo del territorio nacional, incluso podría generar su quiebra financiera si los Tribunales también ordenan el pago de la deuda.

Álvarez, en tanto, dijo que esperan que el municipio no continúe dilatando el tema, ya que las acciones judiciales que ha entablado, en su opinión, no es porque tengan mayor sustento legal, sino mas bien para aplazar una resolución de la que deben hacerse cargo.