El Tribunal de Garantía de Temuco condenó a dos funcionarios de la PDI que fueron detenidos en la llamada Operación Imperio, donde se logró desarticular una organización que cometió millonarios delitos económicos, entre ellos lavado de activos.
Se trata de los funcionarios de la PDI, Juan Augusto Carrasco Hernández y Wladimir Ulises Cáceres Soto, detenidos y formalizados por diversos delitos económicos y de corrupción en la llamada Operación Imperio.
El fiscal Luis Torres, quien llevó esta investigación, precisó que Juan Carrasco fue quien alertó a la agrupación liderada por los hermanos Martínez que estaban siendo investigados por el Ministerio Público y la PDI.
Además, el persecutor precisó que los policías elaboraban partes falsos para cobrar seguros de las compañías y defraudarlas, obteniendo dinero de los clientes y además quedándose ellos con los vehículos para venderlos de diversa forma.
Funcionarios no irán a la cárcel
Los miembros de la PDI aceptaron los hechos contenidos en la carpeta de investigación del Ministerio Público y la causa fue llevada a un juicio abreviado.
La jueza de Garantía, Viviana García, condenó a Juan Carrasco Hernández a cumplir penas de 3 años y 1 día de presidio como autor de cohecho de funcionario público; a 100 días de presidio por fraude de seguros; a 301 días como autor del delito de vulneración de secreto; y a la pena de 61 días de cárcel por el delito de tenencia ilegal de munición.
En tanto, Wladimir Ulises Cáceres Soto, fue condenado a cumplir las penas de 3 años y 1 día de presidio como autor del delito de cohecho de funcionario público; a 61 días de cárcel por fraude de seguros. También fue condenado a 541 días de presidio como autor de falsificación de instrumento público; a 61 días de cárcel por obstrucción a la investigación y a 61 días de presidio por falta a la verdad en informes policiales.
La jueza de Garantía de Temuco, Viviana García, le otorgó a ambos efectivos policiales el beneficio de libertad condicional intensiva, por lo que cumplirán en libertad las penas otorgadas por el tribunal.
En la Operación Imperio, el Ministerio Público incautó bienes muebles e inmuebles por una suma que superó los 3 mil millones de pesos, entre ellos vehículos de lujo, casas, dinero en efectivo y joyas.
Desde la institución policial informaron que los dos funcionarios ya no son parte de la PDI y que hay sumarios administrativos vigentes.
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