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El diputado José Montalva denunció que la Subsecretaría de Vivienda ordenó paralizar la tramitación de documentos y actos administrativos en todo el país, lo que incluye el pago a proveedores y la asignación de subsidios. Montalva cuestionó esta medida, alegando que no se puede interrumpir los servicios bajo el pretexto de revisar cuentas. Anunció que recurrirá a la Contraloría y al Ministerio de Vivienda para exigir explicaciones y plazos de esta paralización.
El diputado José Montalva anunció que recurrirá a la Contraloría por un instructivo de la Subsecretaría de Vivienda donde se les indica a los funcionarios abstenerse de despachar documentos y suspender varios actos administrativos.
Las instrucciones están señaladas en la circular 193 que se envió a las Seremi de Vivienda y Serviu desde Arica hasta Punta Arenas. El documento está firmado por Tomás de Tezanos, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.
El texto indica: “Se solicita a las jefaturas de los servicios y personal encargado de la oficina de partes abstenerse de despachar cualquier tipo de documentos, internos y externos, hasta nuevo aviso”. También se “instruye suspender la tramitación y despacho de actos administrativos o antecedentes asociados a nuevas adquisiciones, contrataciones o compras públicas, hasta que se impartan directrices por parte de las nuevas autoridades”.
Instructivo de “paralizar todo”
En ese contexto, el diputado y exdelegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, informó que “se da un instructivo de paralizar todo: el pago a proveedores, la asignación directa de los subsidios, la entrega de subsidios, todo paralizado”.
El militante del PPD añadió que no se puede usar de pretexto la revisión de cuentas para paralizar los servicios.
Ante esa situación, anunció que oficiará a Contraloría porque esto podría estar incumpliendo el principio de continuidad de un servicio en un cambio de gobierno y también al Ministerio de Vivienda para que especifique el plazo de paralización.
El instructivo de gobierno señala que se trata de una medida para ordenar y revisar el flujo de documentación institucional y de actos administrativos. Y también indica que se pueden despachar documentos para cumplir con plazos legales, requerimientos de órganos de control o judiciales, que sean urgentes para la continuidad del servicio. Pero previamente se debe informar al gabinete de la Subsecretaría de Vivienda.
Por último, se señala que aquellos funcionarios que no ejecuten lo que se les instruye a través del oficio podrían enfrentar las consecuencias asociadas a las responsabilidades administrativas.
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