La Fiscalía Regional de La Araucanía confirmó que no pueden indagar las últimas declaraciones de Héctor Llaitul, quien llamó a "organizar la resistencia armada", sin acción del Gobierno. El vocero del organismo indicó que el Ejecutivo aún no aporta estos nuevos antecedentes, los que podrían "configurar delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado".

La Fiscalía Regional de La Araucanía respondió a la ministra del Interior, Izkia Siches, insistiendo en que no pueden investigar las declaraciones de Héctor Llaitul sin una denuncia del Gobierno.

Cabe recordar que el líder de la CAM llamó a “organizar la resistencia armada” tras la propuesta inicial del Ejecutivo de crear un “estadio intermedio” en la Macrozona Sur. Esta iniciativa no prosperó y, finalmente, se decidió declarar Estado de Emergencia en las regiones del Bío Bío y La Araucanía.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que no presentarán una querella al respecto, sino que aportarán antecedentes a una denuncia que se hizo en 2020.

Asimismo, la titular de la cartera, Izkia Siches, aseguró que “existen varias denuncias y querellas disponibles en la cuales la Fiscalía, al pasar los años, no ha obtenido mayores resultados”.

“Tienen antecedentes desde 2018 y 2016, y frente a ello me parece que no tienen las manos atadas”, agregó la secretaria de Estado.

Fiscalía de La Araucanía: Gobierno no ha presentado nuevos antecedentes

Frente a la postura del Gobierno, el vocero de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Luis Torres, dijo que las últimas declaraciones de Llaitul son “hechos nuevos -distintos a los denunciados en 2020- que pueden configurar delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado”.

“La Fiscalía no puede investigarlos de oficio ni tampoco incorporarlos a investigaciones vigentes, salvo que el titular de la acción penal, en este caso el Gobierno, lo haga”, explicó.

En ese sentido, manifestó que el Ejecutivo aún no presenta estos nuevos antecedentes para poder indagarlos.

Cabe recordare que la Ley de Seguridad del Estado demanda que el Ministerio del Interior presente una denuncia o querella para abrir una causa penal.