El alcalde de Temuco, Roberto Neira, criticó al Gobierno por la compra de 5 vehículos blindados a la PDI, en el marco del conflicto en La Araucanía.
El jefe comunal acusa un mal destino de recursos públicos, demandando una mayor seguridad en los barrios.
El alcalde cuestionó el anuncio hecho por el coordinador para la macrozona sur, Pablo Urquizar, indicando que la ciudad no cuenta con vehículos policiales para apoyar la seguridad ciudadana.
Todo esto a pesar de haber concretado una reunión con el ministro del Interior Rodrigo Delgado, en la capital la semana pasada.
A estas críticas se sumó el dirigente mapuche, Aucán Huilcamán indicando que aumentará la violencia en la zona, y se demuestra el total fracaso de Piñera en establecer un diálogo con los indígenas.
Hay preocupación en los gremios por la situación en que queda La Araucanía, una vez que finalice el Estado de Emergencia por la pandemia, y con ello, el resguardo de personal del Ejército.
La senadora independiente Carmen Gloria Aravena pidió que el Cuerpo Militar del Trabajo resguarde aquellas obras viales afectadas por hechos que calificó de terroristas.
Son varios los reclamos de comunidades indígenas de Malleco por la pésima situación de los caminos, cortes de suministro eléctrico, por la falta de mantención de líneas, cuestión que, según el Gobierno, deriva de los mismos hechos delictuales que afectan a trabajadores de empresas constructoras y de telecomunicaciones.
Otras reacciones
Otras reacciones generó también la demanda contra el Estado que presentó en el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, como víctima de la dictadura, el líder de la CAM Héctor Llaitul, solicitando una indemnización de 200 millones de pesos.
El diputado RN, Miguel Mellado calificó la acción judicial como “ciencia ficción”.
Hay que tener presente que Llaitul fue incluido en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados, elaborado por la Comisión Valech II, con lo cual tiene un reconocimiento oficial como víctima de una grave violación a los derechos humanos durante la dictadura.
Por lo mismo, no debe demostrar ante tribunales que fue víctima de prisión política y tortura, sino solamente el daño que habría sufrido.
