El ex director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, Daslav Mihovilovic, presentó una querella por injurias graves contra el presidente de la República, Gabriel Boric. El mandatario aseguró públicamente que no había “conocido una persona más descriteriada”.
El libelo fue ingresado el pasado 27 de febrero por el abogado Raimundo Palamara, en representación de Mihovilovic, ante el Juzgado de Garantía de Copiapó. Mihovilovic era director del SLEP Atacama cuando se llevó a cabo la polémica fiesta por el quinto aniversario de la creación de la institución.
Luego de que se difundieran videos en redes sociales de la celebración en el Casino Antay, en los que se veía incluso una limusina, el 11 de enero el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, solicitó a Mihovilovic su renuncia, la que se concretó al día siguiente.
Dos semanas después, en una actividad en Copiapó, el presidente Boric se refirió a la situación: “Paréntesis, disculpen la digresión”, comenzó el mandatario. “Qué bueno que echamos al director del SLEP, porque no he conocido a una persona más descriteriada. De los descriterios más grandes que he visto”, añadió.
Ataque personal sin sustento
La querella acusa que el mandatario se apartó de su discurso para atacar a Mihovilovic con “afirmaciones objetivamente falsas y deshonrosas”. En primer lugar, porque aseguró que lo habían “echado”.
De acuerdo con el querellante, la salida de Mihovilovic “obedeció a una renuncia voluntaria solicitada en un contexto político, sin que existiera destitución ni procedimiento administrativo que la justificara”.
Además, apunta a que el insulto de descriteriado es una descalificación personal directa que se escapa del ejercicio legítimo de la libertad de expresión. En ese sentido, añade que no hubo una evaluación técnica para sostener dicha afirmación.
“Los dichos del querellado configuran un ataque personal gratuito, carente de sustento fáctico y dirigido a exponer a mi representado al descrédito público, utilizando para ello la investidura presidencial, lo que amplifica significativamente el daño causado”, se argumenta en el documento.
Limusina como estrategia de marketing
El querellante arguye que en el momento de las declaraciones de Boric había “antecedentes objetivos que descartaban el uso de recursos públicos en la actividad cuestionada”. Esto porque una auditoría ministerial había concluido que no se habían utilizado dineros fiscales en la fiesta.
“No existen antecedentes que acreditaren pagos por parte de SLEP respecto de servicios adicionales como limusina y cámara 3D. Esto último se enfatiza con el propósito de realzar que nadie usó la limusina, sino sólo se colocó allí como estrategia de marketing de la productora y en un sitio privado, como lo era el centro de eventos”, explica la querella.
De acuerdo con la presentación, ha existido un menoscabo laboral a Mihovilovic, dado que cada vez que ha buscado trabajo las “alusiones injuriosas están presentes”. Así, menciona la reciente postulación al puesto de director del SLEP Litoral de Valparaíso.
En esa oportunidad Mihovilovic logró llegar a la etapa final, pero —luego de que se conociera de su nominación en la terna respectiva— no fue seleccionado por el Presidente de la República.
La querella hace presente que el presidente de la República no cuenta con fuero. Dado que considera que Boric incurrió en el delito de injurias graves con publicidad, exige que sea condenado a 3 años de presidio menor en su grado medio y una multa de 20 UTM.
Solicitudes a empresas externas
El querellante acompañó a su querella la auditoría ministerial, la que efectivamente descarta el uso de recursos públicos. Dicho análisis —que comprende el periodo entre el 9 de diciembre de 2025 y el 19 de enero de este año— enumera cuatro puntos entre los resultados de la revisión. El primero se refiere a la forma en que se financió el evento.
Según el análisis, el proveedor Global Pro Group SpA fue el que financió la fiesta, cancelando un total de $3.647.950, según facturas y boletas emitidas por el Casino Antay. No hubo pago por servicios adicionales como limusina y cámara 3D.
El segundo punto trata sobre la participación de las empresas externas. Tanto la Asociación Chilena de Seguridad (AChS) como la caja de Compensación Los Andes y Capual confirmaron que habían recibido solicitudes tanto del director del SLEP como de un funcionario de gabinete para que aportaran a la celebración.
Las entidades respondieron que no habían realizado aportes financieros, pero en “algunos casos señalaron haber recibido insistencias indebidas posterior a la negativa inicial, incluso posterior a la renuncia del exdirector, así como uso no autorizado de imagen corporativa, lo que generó investigaciones internas en dichas organizaciones”.
Auditoría sugiere investigar eventual cohecho
En tercer lugar se menciona la participación de los funcionarios en la gestión del evento, incluyendo “contactos con proveedores y empresas privadas”.
“La reiterada solicitud de aportes a empresas externas, en conjunto con la organización del evento por parte de funcionarios públicos, configura posibles indicios que deben ser investigados por eventuales responsabilidades administrativas y penales, incluyendo la eventual figura de cohecho“, afirma la auditoría.
Por último, la auditoría menciona entre sus hallazgos “debilidades estructurales en los procesos de adquisición”, tras examinar la relación del SLEP Atacama con Global Pro Group SpA, la empresa que financió el evento en Casino Antay.
De acuerdo con la revisión, se encontraron tratos directos con “causales poco fundamentadas”, fragmentación de compras en contravención a la normativa, regularizaciones de pagos sin respaldo administrativo previo y procedimientos disciplinarios pendientes de resolución.
“Se identificó además que Global Pro Group SpA mantiene empresas relacionadas, las cuales han prestado múltiples servicios al Servicio Local en áreas críticas, lo que incrementa el riesgo de conflictos de interés y concentración de proveedores”, expone el informe.
Desde el entorno de Mihovilovic aseguraron que los tratos directos cuestionados no serían del periodo examinado, sino históricos, previo a su llegada al SLEP Atacama.
La auditoría detalla que la Policía de Investigaciones (PDI) inició una investigación de oficio luego de que se conociera sobre la fiesta. El 13 y 14 de enero llevaron a cabo diligencias en el SLEP Atacama, consistentes en incautación de correos electrónicos, incautación de equipos electrónicos y requerimiento de informes previos.
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