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La educación es un bien esencial y los textos escolares son parte importante de esa experiencia formativa. Pero también son un producto de consumo que impacta directamente en el presupuesto de cientos de miles de familias.
Cada marzo, miles de familias chilenas enfrentan uno de los gastos más relevantes del año escolar: los textos. En los colegios particulares pagados —que concentran alrededor de 360 mil alumnos en Chile— el desembolso promedio por estudiante puede fluctuar entre 180 mil y 250 mil pesos anuales, dependiendo del nivel y del proyecto educativo adoptado.
No estamos hablando de un gasto menor. En muchos casos, los textos pueden representar la mayor parte del presupuesto total de las compras escolares, afectando directamente la economía familiar en un contexto de inflación y estrechez financiera.
Cuando me correspondió dirigir el Sernac realizamos, en plena pandemia, un estudio nacional que confirmó con datos la magnitud del problema. La canasta promedio de textos para un alumno de segundo básico ya superaba los $150 mil y representaba entre un 61% y un 85% del gasto escolar total, muy por sobre uniformes y útiles.
El análisis también evidenció que existían alternativas capaces de reducir ese desembolso en al menos un tercio, particularmente mediante el uso de los textos que licita el Ministerio de Educación. De los más de 140 colegios requeridos por el Sernac, un 75% manifestó estar dispuesto a evaluar esa alternativa.
No obstante, en ese mismo universo se constató que una proporción muy significativa no contaba con mecanismos suficientemente transparentes para informar a los apoderados —con criterios objetivos y verificables— las razones pedagógicas y económicas que sustentaban la elección de una determinada editorial.
A partir de estos antecedentes, la Superintendencia de Educación dictó una resolución a fines de 2020 recomendando a los establecimientos particulares pagados transparentar el proceso de selección y adoptar formatos claros y simples para informar oportunamente a la comunidad educativa, recomendación que, en la práctica, ha tenido escasa aplicación. Cabe preguntarse cuántos apoderados recuerdan haber recibido alguna vez una comunicación del colegio que explicara por qué se eligieron determinados textos para sus hijos.
El problema estructural de este mercado es conocido y persistente a la fecha: quien elige no paga, y quien paga no elige. En los colegios particulares pagados son los establecimientos los que determinan qué textos deben traer a clases los estudiantes, mientras que el costo es asumido íntegramente por los apoderados. Esta desconexión genera una asimetría que debilita la competencia en precio y reduce la capacidad de disciplina del mercado, advirtió un estudio de la FNE en 2019.
El sector de textos escolares en este segmento es altamente concentrado. Dos grandes editoriales concentran la mayor parte de la oferta en asignaturas fundamentales como Lenguaje y Matemática, mientras que en Inglés participan principalmente editoriales internacionales.
Una vez que un colegio adopta un texto o, más aún, un proyecto educativo completo por ciclo, las familias quedan cautivas. Cada libro está protegido por derechos de propiedad intelectual exclusivos y no existe sustitución posible. En la práctica, no hay competencia “intra-marca”: si el establecimiento exige un texto específico, simplemente debe comprarse.
Desde el punto de vista de la libre competencia, la concentración no es necesariamente ilícita. Pero desde la perspectiva de los derechos del consumidor, sí plantea desafíos relevantes. Aquí están comprometidos el derecho a la información veraz y oportuna, el derecho a la libre elección y el derecho a no ser sometido a prácticas abusivas.
En muchos casos, los apoderados desconocen los criterios técnicos y económicos utilizados para seleccionar una editorial, ignoran si existen convenios, subsidios o incentivos asociados, y no participan de manera efectiva en la decisión. Tampoco se informa con claridad la duración estimada de los textos ni la justificación de cambios anuales de edición que impiden su reutilización.
El propio mercado ofrece una paradoja interesante. Los textos que cada año licita el Ministerio de Educación han sido evaluados por expertos y cuentan con estándares pedagógicos acreditados. Sin embargo, su utilización en el segmento particular pagado es marginal, pese a que podrían representar ahorros relevantes para las familias respecto de los proyectos privados. Resulta razonable, entonces, que los apoderados puedan al menos solicitar que sus establecimientos evalúen formalmente esa alternativa o expliquen por qué no la consideran, especialmente cuando existe una diferencia de costo significativa.
Los estudios oficiales han mostrado que el precio no es el factor determinante en la decisión de los colegios. Esto es comprensible desde la lógica pedagógica: los establecimientos privilegian calidad, metodología y soporte docente. Sin embargo, cuando la variable precio no está adecuadamente internalizada en el proceso, el mercado pierde presión competitiva y los costos tienden a incrementarse.
En los últimos años, además, la competencia se ha desplazado hacia variables distintas del precio, como plataformas digitales, capacitaciones y servicios complementarios. Estas innovaciones pueden enriquecer la experiencia educativa, pero también encarecen el producto final y dificultan la comparación simple entre alternativas.
El meollo del problema no radica en la calidad de los textos ni en la legitimidad de la autonomía pedagógica de los colegios. Radica en la falta de alineación de incentivos y en la insuficiente transparencia del proceso de decisión. Cuando un mercado combina alta concentración, demanda cautiva y baja sensibilidad al precio, la autorregulación difícilmente será suficiente.
Las soluciones no requieren intervenciones radicales ni afectan la libertad educativa, pero sí exigen mayor coordinación institucional y reglas claras. Es indispensable reforzar la coordinación entre el Sernac, la Fiscalía Nacional Económica y la Superintendencia de Educación para adoptar fiscalizaciones y recomendaciones conjuntas dentro del ámbito de sus competencias, evitando zonas grises regulatorias.
También resulta razonable que los colegios transparenten año a año los criterios utilizados para seleccionar cada texto, informen las alternativas consideradas y justifiquen técnicamente su elección frente a la comunidad educativa.
Una alternativa que podría alinear mejor los incentivos sería que los propios establecimientos asumieran la compra de los textos en bloque, aprovechando economías de escala, e incorporaran ese costo de manera transparente en la matrícula o colegiatura.
De esta forma, el colegio internalizaría la variable precio y negociaría mejores condiciones, beneficiando a las familias. En la misma línea, podría evaluarse la adquisición de derechos para reproducir contenidos en formato digital o imprimirlos directamente, reduciendo costos asociados a distribución y márgenes comerciales.
Asimismo, si bien ya existe una prohibición de ventas atadas hace falta por el Sernac perseguir sanciones disuasivas cuando se obligue a adquirir paquetes de diversos textos o plataformas que no sean estrictamente necesarias desde el punto de vista pedagógico. La existencia de plataformas públicas de comparación de precios, similares a las que hoy existen en otros mercados sensibles, incluyendo los textos que adquiere el Mineduc, permitiría introducir transparencia y presión competitiva sin afectar la autonomía de los establecimientos.
Chile ha avanzado significativamente en protección de los derechos del consumidor en múltiples sectores. El mercado de textos escolares sigue siendo un espacio donde confluyen educación, competencia y consumo, y donde aún existen brechas importantes. No se trata de cuestionar la calidad pedagógica ni de debilitar la autonomía de los colegios, sino de equilibrar esa autonomía con responsabilidad económica y transparencia.
En definitiva, la educación es un bien esencial y los textos escolares son parte importante de esa experiencia formativa. Pero también son un producto de consumo que impacta directamente en el presupuesto de cientos de miles de familias.
Cuando el que elige no paga y el que paga no elige, el desafío es introducir reglas que permitan que calidad y responsabilidad económica dialoguen en igualdad de condiciones. La transparencia no es una amenaza para la educación; es una condición básica para fortalecer la confianza y proteger a las familias.
