Responsabilizando a las autoridades de la época por la colusión del trasporte público, reaccionaron desde la Asociación de Consumidores de Temuco. En tanto, autoridades políticas llamaron a redistribuir recursos y reformar su funcionamiento.
A los intendentes y seremis de transportes de la época apuntaron las críticas, después que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dictara una multa superior a los 730 millones de pesos, a 10 líneas de microbuses de Temuco y Padre Las Casas, esto por haber reducido intencionadamente la disponibilidad de su flota.
Al respecto, el abogado de Asociación de Consumidores de Temuco, Patricio Cornejo, responsabilizó a las exautoridades de gobierno de apoyar la colusión.
Por su parte, el consejero regional Daniel Sandoval dijo que a raíz del dictamen, se debe considerar una merma en los subsidios para el sector de transporte y ser distribuidos en otras áreas.
El diputado de Evópoli, Sebastián Álvarez, recalcó que existió una afectación a la fe pública y al bolsillo de las familias de ambas comunas.
En tanto, su par del PPD Ricardo Celis señaló que esto debe traducirse en una reforma al sistema de transporte público, tomando en cuenta elementos como la cantidad de buses circulantes y nuevos recorridos.
De acuerdo a la acusación de la Fiscalía Nacional Económica, existieron tres protocolos para disminuir la circulación de buses, celebrados en febrero del 2003, febrero del 2008 y diciembre del 2012; bajo las administraciones regionales de Ramiro Pizarro, Nora Barrientos y Andrés Molina, respectivamente.
Hay que precisar que existe una instancia de apelación a esta multa, la que se debe materializar ante la Corte Suprema. Posterior a ello y cuando la sentencia esté firme y ejecutoriada, se podrán levantar demandas civiles.
