El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresó en la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de amparo en contra del alcalde de Temuco, Miguel Becker, el gobernador de Cautín, Richard Caifal y el jefe de zona de Carabineros, por el violento desalojo al campamento de Pichicautín.
Además, el jefe comunal descartó la entrega de agua potable, a pesar de la propagación del coronavirus.
La denuncia formulada se basa en que la orden de desalojo emanada desde la Gobernación a petición del alcalde Becker, carece de validez, en atención a que la municipalidad no es propietaria de los predios ocupados, lo que debió ser verificado por el gobernador, todos los cuales actuaron excediendo las facultades que la Ley les confiere.
Así lo señaló el director regional del INDH, Federico Aguirre, explicando que el procedimiento de desalojo fue ilegal, afectando gravemente la seguridad personal de los y pobladores.
Frente a la solicitud de la Coordinadora de Campamentos de Temuco y que reúne a más de dos mil familias, que es contar con un acceso a agua potable, el alcalde Becker negó el vital elemento y solicitó a la gente abandonar esos recintos.
Situación que también es advertida en el recurso de amparo presentado por el INDH, indicando en el escrito que, a pesar de la pandemia del Covid-19, la municipalidad no ha garantizado el acceso a agua potable, como lo establece a partir de 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas, que lo reconoce como un derecho humano universal.
