En una contienda judicial están enfrentados Gendarmería, la Defensoría Penal Pública Mapuche y el Juzgado de Garantía de Lautaro, respecto del lugar en que deben permanecer recluidos dos comuneros mapuches investigados por un robo con violencia que afectó a trabajadores de la empresa distribuidora eléctrica Frontel.
La situación descrita deriva de la causa en la que están imputados y en prisión preventiva Salvador Penchulef Sepúlveda y Juan Cortés Penchulef, cuya defensa pidió al Juzgado de Garantía de Lautaro que fueran trasladados al módulo para comuneros mapuches del Centro de Detención Preventiva de Angol, lo que fue autorizado el jueves de la semana pasada.
Sin embargo, a más de una semana la orden no ha sido cumplida, pese a que otros dos jueces de Garantía le han reiterado a Gendarmería que haga efectivo el traslado, lo que incluso fue verificado en el penal de Angol por un juez, por lo que se cursó una denuncia por desacato, según fue precisado por la abogada de la Defensoría Penal Pública Mapuche, Vania Parodi Figueroa.
Gendarmería presentó un recurso ante el Juzgado de Lautaro, donde la jueza si bien lo acogió y solicitó un informe a la Defensoría Penal Pública Mapuche, ordenó que de todas formas el traslado de los imputados siga su curso, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
La denuncia en contra de Gendarmería por el delito de desacato fue recibida en la Fiscalía Local de Angol, la que deberá verificar si los hechos citados configuran el delito citado.
Los argumentos que ha esgrimido Gendarmería se amparan en un autoacordado de la Corte Suprema del año 2007 y reiterado en 2012, que ordena a los jueces de la República dejar en manos de la institución celadora la decisión respecto del lugar en que los imputados deben cumplir las medidas cautelares y posteriores condenas, según sea el caso, sumado a lo dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, existiendo además dos pronunciamientos de la Corte de Apelaciones de Temuco sobre el tema.
