Los ahora excarabineros quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional y un plazo de investigación de 120 días, tiempo en que la Fiscalía revisará si se configuran o no otros hechos que revestirían carácter de delito.
Este jueves, el Ministerio Público imputó delitos relaciones con la ley 20.000 a siete excarabineros de la Tercera Comisaría de Ovalle, los que fueron dados de baja de la institución durante las últimas horas.
Se trata de los imputados exsuboficial mayor R.M.B., exsargento 2º R.G.O., exsargento 2º I.J.D.C., exsargento 2º G.P.M.S., excabo 1º J.A.C.M., excabo 2º A.A.L.C. y excabo 2º Y.A.H.O., quienes fueron indagados por la misma institución uniformada a raíz de hechos remitidos en partes policiales a la Fiscalía, los cuales carecerían de veracidad.
Los hechos investigados se sitúan los días 7 y 27 de marzo de 2023, los que fueron remitidos como información al Ministerio Público por los funcionarios policiales en partes policiales y que, de acuerdo a la Sección de Asuntos Internos de Carabineros (Saicar), no se ajustaron a la verdad.
El 7 de marzo de 2023, a las 14.30 horas aproximadamente y según da cuenta un parte policial de la Tercera Comisaría de Ovalle, al realizar diligencias para ubicar a una persona desaparecida, seis los funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) descubrieron una plantación de cannabis sativa en el sector Quebrada Punilla.
Esta consistía en 1.850 plantas, cuya incineración fue autorizada por el Juzgado de Garantía. Sin embargo, debido a un accidente de uno de los funcionarios en la quema, solamente fue posible incinerar 743 plantas, quedando en el lugar 1.107.
Luego, se dispuso la incineración del restante para el día siguiente, y la vigilancia durante toda la noche por parte de cuatro de los funcionarios. A las 8.00 horas –según informa otro parte policial-, en compañía de los otros dos uniformados, quemaron las plantas restantes.
Sin embargo, una investigación de la Saicar de Limarí por una pérdida de droga de otro procedimiento, concluyó que, pese a encontrar vestigios de incineración, se descubrieron en un corral 142 plantas de marihuana cortadas y sin quemar, y en un segundo corral otras 67 plantas vivas, además de una bolsa con 915 gramos de marihuana a granel tipo cogollo ocultas entre la vegetación.
Asimismo, el certificado de servicio, el libro de asistencia y hoja de ruta de uno de los funcionarios da cuenta que no estuvo cuidando la plantación como informó en el parte policial.
En tanto que el 27 de marzo 2023, a las 7.30 horas aproximadamente, los mismos seis funcionarios, más otro uniformado de la SIP de Ovalle, según da cuenta un parte policial de la Tercera Comisaría, debiendo cumplir diligencias para dar con el paradero de una persona desaparecida, concurrieron al mismo sector, donde detuvieron a seis personas que -según informaron- mantenían armas, revisaban la casa del lugar y cargaban especies en un camión.
Según da cuenta el parte policial, en las vestimentas de los detenidos encontraron cannabis sativa, tanto cogollos y hojas en estado de secado, mientras que en el maletero de los vehículos hallaron marihuana a granel.
Respecto a este procedimiento la Saicar estableció la falsedad de la información del parte policial, y determinó que, para llegar al lugar, uno de los uniformados se comunicó telefónicamente con un lugareño el mismo día a las 6.25 horas, el que le informó que sujetos habían ingresado al sector donde estaba la plantación de marihuana y estaban sacando plantas.
A las 7.11 horas las cámaras de seguridad de la Tercera Comisaría de Ovalle registraron a los siete funcionarios saliendo con armas de fuego, casco balístico y chaleco antibalas. Luego, concurrieron al lugar donde realizaron las detenciones no relacionadas con la supuesta denuncia de presunta desgracia, sino que por el aviso del lugareño.
El fiscal Rodrigo Gómez, dijo tras la formalización que “nuestra labor es (investigar), no importando quien sea quien comete el delito y tratándose de funcionarios policiales o civiles, nadie está por sobre la ley y estos señores debieron haber actuado conforme a derecho, conforme a la ley y a la probidad que corresponde como funcionario público”.
Los excarabineros quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional y un plazo de investigación de 120 días, tiempo en que la Fiscalía revisará si se configuran o no otros hechos que revestirían carácter de delito.
