Desde la seremi de Minería, reconocen lo complejo que es poder buscar responsabilidades por lo ocurrido en el lugar, pues la empresa a la que se le imputa provocar el Socavón de Marquesa –Minera Linderos– ya no se encuentra operativa tras declararse en quiebra.
El jueves pasado, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cuatro cargos contra la Minera Ojos del Salado, en la región de Atacama, por sobreextracción de minerales y construcción de obras en zonas diferentes a las aprobadas ambientalmente. Esto, durante la ejecución del proyecto “Continuidad Operacional Mina Alcaparrosa”, ubicado a 900 metros de la comuna de Tierra Amarilla.
Según el organismo fiscalizador, este hecho estaría vinculado a la aparición de un socavón de más de 60 metros de profundidad el pasado 30 de julio en aquella localidad, por lo que la empresa arriesga cargos por hasta 13 millones de dólares.
Una situación radicalmente distinta a lo que acontece con el socavón ubicado en la quebrada Las Cañas, en el sector de Marquesa (Vicuña) de la región de Coquimbo, el cual, desde su aparición tras el temblor 6,7 grados ocurrido en enero de 2019, no ha visto avances en mayores soluciones.
Sin medidas de control
Cabe recordar que estos eventos de subsidencia (hundimiento del terreno) están asociados a un fenómeno de colapso estructural producto de caserones abiertos (excavación en roca que queda al finalizar la explotación de un sector de una mina subterránea) que se encontrarían aflorando en la superficie. Estos fueron desarrollados en Mina El Tambor, y explotados por Minera Linderos, empresa que se declaró en quiebra y que hoy no se encuentra operativa.
Durante los últimos tres años, no se han instalado medidas de control que entreguen estabilidad al terreno, sino que sólo se procedió por parte del Sernageomin a establecer un área de seguridad y no ingreso en torno a la zona donde se ubica el socavón.
“Hay mucho riesgo”
Consultado por el tema, Manuel Cortés, hijo del propietario de la majada afectada, comentó a El Día que hasta ahora “no ha habido soluciones”.
Si bien reconoce que las nuevas autoridades han visitado el terreno para analizar el escenario, “yo veo muy complejo solucionar esto, porque además, el caserón está lleno de agua y tienen que hacer sondajes para ver cómo está abajo”, manifestó”.
Cortés afirmó que los predios alrededor del socavón “están muy inestables, por eso ya no transita nadie. El tema es que no puedo llevar a mi familia al lugar. Además, ahí tengo cultivo de aceitunas que se está secando porque no puedo ir a regar. Hay mucho riesgo de cruzar hacia allá”.
“Efectivamente es algo complejo”
Esta complicada situación es confirmada por la seremi de Minería, Constanza Espinosa, quien ya ha estado en dos ocasiones en el lugar, la última con personal de Sernageomin.
Al respecto, la autoridad admitió a El Día que “es bastante complejo lo que sucede ahí porque pensamos que el responsable es la mina cercana de El Tambor (Linderos). Sin embargo, esta faena minera se encuentra cerrada y no está en funcionamiento desde hace muchos años ni está vigente esa empresa”.
En relación a eventuales sanciones por este hecho, que además afecta a un criancero, la seremi Constanza Espinosa insistió en “que efectivamente es algo complejo (…). El tema es que carecemos de la institucionalidad legal para poder abordar esa situación como nos gustaría”.
“Ahora, lo que sí estamos haciendo es desarrollar sondajes para ver el tamaño de los caserones, ver que tan profundos son, y si encontramos o no obras cercanas al lugar. Hasta ahora se han hecho dos sondajes en las faenas de El Delirio de Enami que están cerca, y no se han encontrado más caserones”, detalló.
En tanto, sobre posibles soluciones, Espinosa reconoció que existen dificultades. “Hay varios sectores que están con agua y eso impide realizar los sondajes, lo que obligaría a desaguar el socavón, lo cual es bastante costoso. Entonces estamos viendo cómo podemos financiar eso finalmente”.
Búsqueda de responsabilidades
Consultado por ese tema, el abogado de Manuel Cortés, Mario Yáñez, quien entabló dos juicios en contra de Sernageomin y en su momento también contra la exMinera Linderos, explicó a El Día que dichos procesos se fundamentan precisamente en “buscar las responsabilidades reales de la situación, y eso pasa por determinar si la gerencia o las personas que tomaron la información estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Ello, con el fin de determinar si aquello representa algún tipo de infracción legal que pueda acarrear responsabilidades penales”.
En este punto, cuenta que los procesos judiciales no han avanzado mucho, ni los tribunales han tomado una decisión respecto del curso de la investigación, no habiendo formalizados hasta ahora.
Ahora bien, respecto al marco legal, el profesional indicó que desde la mirada penal, efectivamente la carga de la imputación es tarea del persecutor y del querellante. “Es decir, tenemos que acreditar mala fe o dolo en toda la operación a sabiendas de que se generaba un riesgo inminente de socavón”, apuntó.
“Efectivamente es más difícil acreditar eso. Desde ese punto de vista la carga del proceso y de la prueba es de quien imputa, y en efecto, es más complicado desde el punto de vista procesal y técnico poder acreditar un hecho como ese, ya que es de difícil trabajo probatorio”, añadió el abogado.