Aula Segura para unos, impunidad para otros

Señor Director:

Mientras en Angol la Ley Aula Segura -para resguardar la seguridad de la comunidad educativa- permitió la expulsión de 12 escolares involucrados en riñas, en la Universidad Austral la agresión física contra la ministra Ximena Lincolao (que incluyó empujones, insultos y obligó a su evacuación) terminó con suspensiones temporales de hasta tres semestres. Ello, sin perjuicio de las causas penales actualmente en tramitación.

Un ataque directo contra una secretaria de Estado constituye una afectación institucional de máxima gravedad, pero nuestro sistema sigue permitiendo que hechos de esta naturaleza reciban sanciones educacionales claramente insuficientes, pese a su gravedad y a que afectan el prestigio del país y de las propias instituciones universitarias.

El problema de fondo no es solo jurídico, sino político. La violencia no puede ser admitida en un liceo y relativizada en una universidad. Chile impulsó Aula Segura y hoy discute Escuelas Protegidas porque la mayoría entiende que sin seguridad no hay educación posible.

Sin embargo, cuando la violencia se ejerce al amparo de causas o consignas políticas, pareciera existir una tolerancia que no observamos en otros espacios educativos.

La autonomía universitaria no puede transformarse en un refugio para la impunidad. Debemos avanzar hacia reglas y sanciones equivalentes para la educación superior, porque resulta crucial erradicar la violencia de todos los espacios educativos y proteger la vida e integridad de quienes forman parte de sus comunidades.