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El impacto del doble sismo en Venezuela no se limitará a la remoción de escombros en el Caribe; se traducirá probablemente en una reactivación de los flujos de desplazamiento hacia el sur. El instinto humano de supervivencia y reunificación familiar empujará a miles de personas a buscar refugio allí donde ya residen sus parientes, transformando a Chile en un polo inevitable de atracción en medio de la emergencia.
Frente a este escenario dramático e inminente, es bueno recordar que el terremoto de Haití del año 2010 dio comienzo a una ola de inmigración masiva desde a ese país a diferentes países europeos y americanos y que, como bien sabemos, aún no finaliza. Lo que la realidad impone en este probable escenario es una dosis de pragmatismo geopolítico y audacia estratégica por parte del Estado chileno.
Lo primero que debería hacer el gobierno de Chile es sincerar la presencia de quienes hoy habitan el territorio en condición irregular, permitiendo su plena inclusión legal y tributaria. Esto, por la vía de un proceso de regularización especial basado en la crisis humanitaria provocada por la dictadura de Nicolás Maduro, situación agravada en este nuevo escenario catastrófico producto del doble terremoto del 24 de junio. Esta es la única vía para restar espacio a la informalidad y a las redes de tráfico.
Sin embargo, la apertura estratégica a una regularización ordenada carece de viabilidad si no va acompañada de una política de tolerancia cero hacia la porosidad fronteriza. La soberanía de Chile exige consagrar, de una vez por todas, la inviolabilidad de sus fronteras.
Durante años, la falta de un control efectivo ha permitido un tránsito desregulado que no solo vulnera la ley, sino que ha servido de vector para el ingreso del crimen transnacional, la trata de personas y el contrabando por pasos no habilitados, por donde ingresa todo tipo de mercancías y se extraen desde Chile vehículos robados. Por lo tanto, ordenar la casa hacia el interior implica, obligatoriamente, clausurar los pasos clandestinos en nuestra frontera. La regularización extraordinaria solo puede concebirse como un proceso cerrado y riguroso para quienes ya forman parte de la realidad nacional, y jamás como un incentivo para nuevas vulneraciones a la seguridad del territorio.
Para que este diseño sea seguro y viable, la soberanía chilena exige condiciones técnicas mínimas. El Estado no puede operar a ciegas. Es aquí donde la crisis humanitaria vuelve indispensable la normalización de las relaciones diplomáticas y consulares con el régimen venezolano. Chile debe exigir con firmeza reciprocidad y el funcionamiento pleno de vías al menos consulares, no solo para la verificación de identidades, sino por una razón de estricta seguridad interna: hacer viables las expulsiones judiciales y administrativas que durante años se han visto frenadas por la negativa de Venezuela a recibir vuelos desde nuestro país. Restablecer estos canales operativos es la única llave real para ejecutar la salida obligatoria, sobre todo, de aquellos ciudadanos extranjeros concentrados en el mundo delictual, devolviendo la eficacia a los dictámenes de nuestra justicia.
El funcionamiento de oficinas consulares en ambos países va en beneficio directo de los ciudadanos, en especial de quienes llegaron incumpliendo leyes migratorias y hoy están impedidos de realizar el más mínimo trámite en su propia embajada por encontrarse esta cerrada y sin representación. También en lo que deberá venir, solo si se realiza regularmente, que serán visas de reunificación familiar.
Este giro hacia el pragmatismo no es una mera hipótesis teórica; ya encuentra expresión en los recientes movimientos de la diplomacia regional. El inédito intercambio de mensajes entre el presidente chileno, José Antonio Kast, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, constituye una señal política potente. Más allá de las profundas y conocidas distancias ideológicas, la apertura de un canal directo entre las dos más altas autoridades actuales de ambos países devela que la magnitud de la crisis obliga a crear mecanismos en favor de un diálogo institucional indispensable, partiendo de la dramática situación que vive el hermano pueblo venezolano.
A este nuevo diseño se suma el factor de la legitimidad social en la diáspora, donde líderes políticas como María Corina Machado juegan un rol clave a través de plataformas públicas, articulando la voz de una comunidad que observa este acercamiento no como una claudicación, sino como la única vía civilizada para gestionar el drama humanitario y de identidad que comparten ambas naciones.
El doble sismo en el norte de Venezuela ha venido a recordar, de la manera más dolorosa, que la geografía y la política exterior están indisolublemente unidas. Para Chile, el desafío que se abre no se resuelve con las fórmulas ideológicas imperantes en el pasado, ni tampoco con la anarquía e inercia de la burocracia de la que hemos sido testigos estos días con el caso de los niños haitianos.
Enfrentar la realidad migratoria requiere transformar la crisis en una política de Estado que conjugue el rigor de la inviolabilidad fronteriza, la apuesta de regularización ordenada frente a una nueva realidad dramática, y el pragmatismo de restablecer canales diplomáticos para garantizar la seguridad y la persecución efectiva de quienes delinquen.
