Militares en las calles: una decisión con costos estratégicos

Se comprende a quienes, frente a hechos tan brutales como el asesinato de un niño de 12 años, piden emplear militares en seguridad pública. Sería irresponsable descalificar esa demanda que nace de una urgencia concreta y del propio dolor humano. Antes que todo, mis condolencias a sus padres y familia.

La solicitud hecha por alcaldes y parlamentarios tiene una lógica de fondo bastante evidente. Ante un problema de seguridad pública prolongado por años, es deber del Estado utilizar todas sus capacidades. Y en parte es cierto, pero hay que comprender que no todas las capacidades sirven para cualquier misión.

Y en este sentido, el gobierno tomó la decisión estratégica correcta de potenciar y hacer un uso más focalizado de las capacidades policiales.

En términos generales, el debate público se ha centrado en las limitaciones doctrinarias y en los riesgos jurídicos asociados al empleo de personal militar en estas nuevas tareas. Asimismo, se ha puesto énfasis en el impacto que ello tendría sobre el alistamiento operacional del Ejército —principal responsable de estas labores— y su capacidad para cumplir su misión principal, debido al desgaste y déficit de personal, al acortamiento de la vida útil de sus medios, a la reducción del tiempo para instrucción y entrenamiento, y al funcionamiento subóptimo de sus unidades producto de su empleo en misiones complementarias que, por lo demás, siempre ha asumido cuando así lo ha dispuesto el poder político.

En este punto, es necesaria una precisión. El Ejército se encuentra desplegado ininterrumpidamente desde 2022 en cinco regiones del país, lo que ha implicado el empleo sostenido de una parte relevante de su personal, con múltiples destinaciones en estas zonas, y el uso intensivo de diferentes medios materiales. Si bien es una fuerza con altas capacidades tecnológicas, enfrenta limitaciones de personal derivadas de restricciones presupuestarias y dificultades de reclutamiento, operando por debajo de su dotación necesaria, especialmente en lo relativo a soldados conscriptos y tropa profesional.

Así las cosas, abordar el problema únicamente desde estas dimensiones configura un marco de comprensión incompleto, pues induce a pensar que las dificultades asociadas al empleo del Ejército se reducen a déficits normativos o doctrinarios, susceptibles de resolverse únicamente mediante nuevas leyes, mayor capacitación o más recursos.

Sin embargo, estos elementos, aunque relevantes, son insuficientes para comprender todo el escenario. Se omiten factores que pueden generar efectos contraproducentes sobre la propia seguridad y terminar debilitando precisamente aquello que se busca fortalecer.

La decisión final de desplegar militares debe ser efecto de un análisis integral, lo que incluye los distintos modos de empleo. No es indiferente si se opta por patrullajes en zonas rojas o solo por el resguardo de infraestructura crítica para liberar capacidades policiales, alternativa cuya efectividad resulta discutible.

En este contexto, existen diversos factores que hacen desaconsejable el empleo de militares en tareas de seguridad pública en los términos que se debaten actualmente.

Efectivamente, la doctrina militar es distinta. El militar ha sido entrenado para enfrentar amenazas de naturaleza diferente a las de seguridad pública, y ello tiene efectos en la realidad. Exponer a personal militar a tareas policiales incrementa el riesgo de resultados trágicos tanto para la ciudadanía como para los propios efectivos.

Desde lo jurídico, el militar puede verse obligado a adoptar decisiones potencialmente letales en situaciones difusas y de rápida escalada. En ausencia de RUF legales, y ante eventuales consecuencias judiciales adversas, puede producirse una “inhibición operativa”.

Asimismo, es necesario precisar que la naturaleza de la amenaza a la que responde el despliegue en el norte difiere de la existente en la Macrozona Sur, y ambas son distintas a las de zonas urbanas. Esta distinción debe ser considerada cuando se justifica el empleo de militares en ciudades solo por el hecho de su despliegue en otros contextos y regiones.

El personal requiere capacitación en RUF, Derechos Humanos, procedimientos policiales e interacción con civiles. Esto requiere tiempo, el que actualmente, en vista de la urgencia de la demanda, no se tiene.

Aumentar tareas implica disminuir horas de instrucción, entrenamiento y funcionamiento de unidades militares. Además, acorta la vida útil del material lo que tiene un efecto estructural en la fuerza militar.

Hasta aquí los argumentos recurrentes. Pero también existen otros que permiten sostener que este tipo de decisiones pueden llegar, incluso, a afectar la propia seguridad que se pretende restablecer.

Nuevos despliegues en zonas urbanas arriesgan las operaciones en curso en la Macrozona Sur y la Macrozona Norte, así como aquellos que deban realizarse ante desastres naturales. Ante un déficit de personal a nivel nacional, ello implicaría redistribuir efectivos desde el norte y el sur hacia comunas urbanas, con el consiguiente deterioro de la efectividad del control territorial, del apoyo a las policías en la Araucanía y el Biobío, y del resguardo fronterizo en el norte. En los hechos, se trata de un desplazamiento de capacidades desde zonas con alta demanda operativa hacia nuevas prioridades, sin que ello implique necesariamente una mejora global de la seguridad. Un trade-off operacional con efectos estratégicos y políticos.

Asimismo, considerando este déficit de personal, el cual ya se encuentra desplegado en el norte y el sur, la alternativa es recurrir a soldados conscriptos o personal sin experiencia operativa, quienes no cuentan con la madurez doctrinaria para tareas de seguridad pública. Ello incrementa la probabilidad de incidentes de diversa naturaleza. Adicionalmente, la exigencia de despliegues sostenidos puede derivar en un aumento de retiros anticipados y licencias médicas por desgaste del personal militar, fenómeno ya observado en Carabineros y Gendarmería. Esto profundiza la brecha de personal disponible y afecta la capacidad del sistema institucional para asumir futuras misiones que se le demanden.

Financieramente aumentan los costos asociados al transporte de personal, mantenimiento y logística, afectando las operaciones en curso. En un contexto de restricción presupuestaria, no hay certeza de disponibilidad de estos recursos, afectando tanto al Ejército como a su disponibilidad futura.

A fin de cuentas, nos encontramos en una encrucijada estratégica. A mayor dependencia operativa de lo militar podemos terminar ralentizando el fortalecimiento de capacidades policiales. La crisis de seguridad exige utilizar todas las capacidades del Estado, pero también emplearlas allí donde resulten más eficaces.