El despido de más de 200 funcionarios a honorarios de la Municipalidad de Coquimbo ha generado polémica en la zona. Según señalaron desde la administración, la medida busca minimizar los problemas de presupuesto que Alí Manouchehri, el nuevo alcalde, sindicó como consecuencia de una crisis financiera en el estamento.
La medida ya había sido vaticinada con anterioridad a que Manouchehri asumiera su rol, pues éste había indicado previamente que revisaría la situación de los trabajadores del municipio, según informó Diario El Día.
Sin embargo, la forma en que se llevó el proceso generó incomodidad en algunos, puesto que se les habría informado mediante correo electrónico y sin una evaluación previa que definiera su permanencia en base a capacidades y desempeño.
Desde el municipio señalaron a nuestro medio asociado, Diario El Día, que durante este jueves se puso término a la relación laboral de 211 prestadores de servicio, por un monto equivalente a $223.956.207, “lo que significará para el período de julio a diciembre un ahorro directo a las arcas municipales de $1.343.737.242”.
De igual forma, desde la casa edilicia agregaron que “de acuerdo con el informe final N° 9 /2021, de Contraloría Regional, la deuda municipal ascendería a los 25 mil millones de pesos aproximadamente, y el estimado actual supera los $ 30 mil millones. Los ajustes presupuestarios están en evaluación permanente para asegurar los servicios básicos de los vecinos y vecinas, además de trabajar en las problemáticas sociales de la comuna. Por lo tanto, cualquier tipo de revisión de servidores será informado oportunamente”.
Sobre el motivo de los avisos vía correo electrónico, señalaron que “las notificaciones se hicieron personalmente por la Dirección de Recursos Humanos. No obstante, para asegurar la entrega de la carta de aviso previo, paralelamente, se envió vía correo electrónico y carta certificada al domicilio registrado, el termino de sus servicios por los motivos presupuestarios expuestos”.
Por su parte, en cuanto al criterio utilizado para evaluar las desvinculaciones, indicaron que “el único criterio para poner termino a estas prestaciones de servicio es de carácter presupuestario. Lo anterior, debido a la grave situación financiera en que se encuentran las arcas municipales, lo cual es de conocimiento público (…) con lo cual, se pone en riesgo el pago de servicios básicos, como el retiro de basura, iluminación y sueldos de personal”.
Finalmente, y sobre eventuales demandas o acciones legales contra de la misma casa consistorial, precisaron que quienes lleguen a dichas instancias “están en pleno derecho, no obstante, el municipio debe velar por el cuidado de los recursos que pertenecen a todos los coquimbanos y coquimbanas”.
Posibles acciones
El presidente de la Asociación de Funcionarios a Honorarios de la Municipalidad de Coquimbo, José Ossandón, dijo al medio que “se está realizando una veta política dentro del Municipio. Hay personas que llevan 21 años al interior de la casa edilicia, independiente de que estuvieran en un partido político, lo que ocurría porque hacían bien la pega. Creo que partimos mal, porque lo primero que debió haberse hecho es evaluar. El alcalde tenía ese compromiso con nosotros, con los gremios, con las organizaciones que están al interior del Municipio. Hay que ver caso a caso, porque hay personas que están encalilladas y viven de su sueldo, con familia y en plena pandemia. Asumíamos que teníamos que apretarnos el cinturón, pero no lo que está pasando”.
En tanto, desde la CUT Provincial Coquimbo indicaron además que otras personas habrían resultado afectadas producto del recorte presupuestario en diversos programas.
Al respecto, la entidad señaló en un comunicado que para solucionar este problema la municipalidad “no lo debe hacer cargando todo el costo y el peso de la crisis a los trabajadores/as, pues demuestra una profunda insensibilidad, considerando la crítica situación económica y social que vive el país, producto de la pandemia y de los gobiernos que hemos tenido que soportar en los últimos años. Lamentablemente en Chile se ha hecho costumbre, especialmente por parte de los defensores y promotores del neoliberalismo, recurrir a la forma más simple de reducir costos: despedir trabajadores. Ésta es la forma más fácil, grosera y brutal de enfrentar el problema financiero”.
