El jefe regional de la Policía de Investigaciones (PDI), Richard Gajardo, enfrenta una denuncia por acoso laboral por parte de una funcionaria que aseguró haber sido mal calificada por parte de su superior en base a “asuntos netamente personales” y quien, además, le realizó una serie de “acusaciones infundadas”.
Debido a lo anterior, la subcomisario Alejandra Barra, parte de la PDI de La Serena, sufrió una crisis psicológica que la tuvo por dos meses con licencia por depresión, tras lo cual decidió denunciar los hechos ante el Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG).
Según los documentos del caso, cercanos a la afectada acusaron que Gajardo sustentó una “una persecución” en su contra, la que habría partido a días que el prefecto inspector fuera designado jefe regional, en octubre de 2017.
De acuerdo a datos del SernamEG, los primeros hechos de hostigamiento habrían tenido que ver “con la calidad de mujer y periodista de la subcomisario”, donde el acusado le habría indicado que ella no era policía puesto que entró a la institución a través de un llamado especial.
En otra oportunidad, Barra afirmó que Gajardo la llevó a su oficina para presuntamente comunicarle que no le gustaba su ropa -ya que se vestía “como periodista”- y que “conocía su prontuario”.
De acuerdo a Barra, eso tuvo relación con los episodios de acoso que sufrió en la unidad de Ovalle, en la cual trabajó antes de La Serena, donde vivió situaciones similares a los que denunció en esta ocasión.
Además, Barra acusó que el oficial la habría hostigado en diversas ocasiones ante pequeños detalles y que también la habría amenazado con desvincularla en diferentes oportunidades.
Fuera de la PDI
Barra está en medio de un proceso que podría terminar con su salida de la PDI que partió con la denuncia que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ingresó en su contra en medio de la Copa América Femenina 2018 en La Serena.
Lo anterior, ya que indicaron que entraba a sectores de estadios usando su placa de servicio, algo que fue descartado por la investigación de rigor, aunque sí se determinó que no dio aviso a sus superiores que realizaría labores ajenas a la policía civil, tal como la normativa lo establece.
“Quedó establecido que la subcomisario Alejandra Liliana Del Pilar Barra Argandoña efectivamente hizo ingreso a sectores restringidos para el personal de prensa en los estadios La Portada y Sánchez Rumoroso, haciendo uso de su tiempo libre, pero no utilizando su placa de servicio institucional sino con su credencial de acreditación entregada por la ANFP, quienes confirmaron su originalidad y vigencia”, indicó en un texto el Departamento Quinto de Asuntos Internos de la PDI.
Pero Barra fue objeto de otra indagación administrativa por el hecho de haber trabajado fuera de la PDI, cuyos resultados arrojaron que era culpable.
Sin embargo, en su declaración afirmó que no dio aviso ya que no sabía que tenía que hacerlo, puesto que con anterioridad había consultado el protocolo al respecto y se le había mencionado que ese tipo de labores se comunicaban solo cuando existía un contrato de por medio.
Finalmente, Barra fue sancionada con cinco días de arresto, lo que por muchos ha sido calificado como una medida desmedida y desproporcionada, sumado al hecho que cuando se le dio a conocer el resultado -según funcionarios del SernamEG- se le habría hecho pasar por una “humillación pública y poniéndola en tela de juicio ante sus compañeros y superiores”.
La afectada decidió apelar, pero el recurso fue rechazado, pese a que las jefaturas a nivel nacional acogieron en parte sus argumentos, por lo cual recurrió a la Contraloría para revertir la situación, pero esa respuesta podría conocerse recién en octubre.
Con todo, Barra fue removida de su cargo en Asuntos Públicos y enviada a la Brigada de Investigación Criminal, donde el hostigamiento acusado habría continuado.
Mala calificación
El último proceso calificatorio que atravesó Barra fue en agosto, en el cual fue evaluada como “banda 3”, lo que fue rebajado a 4 durante una junta regional de la cual participó Gajardo.
En concreto, el funcionario que recibe “lista 4” enfrenta su desvinculación total de la PDI.
En base a ese resultado, Barra acudió al director nacional, Héctor Espinoza, apelando que este año no puede ser calificada ya que mantiene una denuncia contra su jefe regional y argumentando que -bajo esa consideración- la Ley 20.205 establece que el funcionario debe ser ponderado con la nota del proceso anterior.
Consultados por Diario El Día, la PDI de La Serena dijo no haber recibido ninguna notificación de denuncia, ni de la afectada ni de otro organismo.
“Lo que sí podemos confirmar es que efectivamente la persona que usted señala es funcionaria de la institución y, en el último proceso calificatorio institucional, fue clasificada en lista 4 de acuerdo a su desempeño laboral, encontrándose en la actualidad haciendo uso de los recursos administrativos que le asisten a la referida evaluación”, indicaron.
Por el contrario, según indicaron desde la seremi de la Mujer y Equidad de Género, la titular de esa entidad, Ivón Guerra, se reunió en diciembre de 2018 con el mismo denunciado para dar cuenta de la recepción de la denuncia en su contra.
“Como Gobierno y ministerio es nuestro deber acompañar y apoyar a las mujeres que se sientan afectadas o vulneradas tanto en su dignidad como en su integridad”, dijo Guerra.
“En el caso que haces mención, no tengo antecedentes actuales en qué proceso está, sí te puedo comentar que me reuní con la profesional y dialogamos sobre la situación que le afecta. Le ofrecimos, ante cualquier decisión, que ella tomará nuestro apoyo a través de SernamEG”, añadió.
“Las instituciones policiales, como lo es la PDI, tienen sus protocolos internos y también hay otros espacios como lo son los tribunales”, agregó.
En tanto, la directora del SernamEG, María Soledad Rojas, relató que han estado en contacto con la afectada y que el último encuentro con ella lo sostuvieron a fines de agosto, para analizar junto a un abogado los pasos a seguir.
