Junto con la sentencia de 300 días de presidio, la también excandidata a diputada deberá pagar una multa de 4 Unidades Tributarias Mensuales y se le suspendió para ejercer oficios y cargos públicos durante el tiempo de la condena.
La justicia sentenció a la exseremi de Educación en Atacama, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, a cumplir 300 días de cárcel, esto por ser encontrada culpable del delito de malversación de caudales públicos.
Según la investigación desarrollada por el fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda Flores, se pudo acreditar la responsabilidad de la también exdirectora del Liceo Fernando Ariztía en el robo de 22 cajas con alimentos entregados por la Junta Nacional de Escolaridad y Becas (Junaeb).
De acuerdo con los antecedentes de esta causa, los que fueron argumentados en la audiencia de Juicio Oral, los hechos investigados ocurrieron con fecha anterior al mes de noviembre del año 2021, ocasión en que la acusada, en su calidad de funcionaria pública y directora del establecimiento educacional, sustrajo las cajas que te tenían como destinatarios alumnos de este recinto educativo.
“La investigación de la Fiscalía pudo acreditar que dichas especies fueron retiradas y trasladadas hasta un local comercial ubicado en el centro de la ciudad, del cual la condenada era socia y donde fueron encontradas”, dijo el fiscal.
Estos hechos fueron investigados y se determinó que, con la acción perpetrada por la exseremi de Atacama hasta octubre de 2017, se afectó a las arcas fiscales.
Junto con la sentencia de 300 días de presidio, la también excandidata a diputada deberá pagar una multa de 4 Unidades Tributarias Mensuales y se le suspendió para ejercer oficios y cargos públicos durante el tiempo de la condena.
Junto con ello, se le aplicó la sanción de 3 años y un día de inhabilitación absoluta o temporal para cargos o empleos en servicios públicos. En relación con la pena privativa de libertad, se determinó la remisión condicional, quedando sujeta al control administrativo de Gendarmería por el periodo de un año.
En la audiencia, y por solicitud de la defensa de la involucrada en este delito, el Tribunal acogió la solicitud de no hacer público el nombre de la condenada hasta que la sentencia quede ejecutoriada.
