Tras rechazar el recurso de nulidad presentado por el Municipio de Antofagasta, la Corte de Apelaciones condenó a la Municipalidad a pagar una indemnización de más de $36 millones a una exadministradora por vulneración de derechos e integridad.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta condenó a la Municipalidad de la comuna a pagar a una exadministradora municipal una indemnización de más de $36 millones por vulneración de derechos contra la salud e integridad síquica de la funcionaria.
En una primera instancia, la Municipalidad de Antofagasta apeló al fallo mediante un recurso de nulidad, el cual fue desestimado por el tribunal.
En concreto, la Corte rechazó el recurso de nulidad presentado en contra la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo. Esto, acogiendo la denuncia de tutela de derechos fundamentales deducida por la exadministradora de la Municipalidad, Claudia Meneses.
Recurso de nulidad de la Municipalidad: rechazado de manera unánime
El recurso de nulidad del Municipio fue rechazado de manera unánime por la Segunda Sala del tribunal de alzada. De esta manera, ordenó pagar en favor de la exadministradora una indemnización de $36.312.280.
“Establecido como lo ha sido en la sentencia, que la actora fue desvinculada mediante un decreto sin fundamentación mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica. Sin haberse invocado la pérdida de confianza que supone el cargo que desempeñaba, la única conclusión posible frente a tales hechos es que en la remoción de su cargo se vulneraron derechos fundamentales de la demandante“, sostiene el fallo.
Es decir, indica que se afectó su derecho a la salud e integridad física que garantiza el artículo 19 N° 1 de la carta fundamental.
Para el tribunal, “habiéndose establecido de manera expresa en la sentencia recurrida que la desvinculación de la actora no fue por pérdida de confianza. Carece de todo sustento el fundamento de la causal invocada de modo principal, pues no respeta el sustento fáctico del fallo al invocar la pretendida pérdida de confianza. Esto, por lo demás tampoco se justificaría frente a la vulneración patente de derechos garantizados en la Constitución, los que no pueden ceder ante textos legales de menor jerarquía”.
Por tanto, concluyeron que “en consecuencia, la causal principal de nulidad que invoca el recurrente, debe necesariamente rechazarse”.
Finalmente, una vez ejecutado el fallo, el caso se suma a una la larga lista de indemnizaciones que ha tenido que pagar la Municipalidad a funcionarios y ex funcionarios. Esto, debido a causas laborales, que suman un gasto al Municipio que supera los $332 millones de pesos en más de 42 demandas de tutela laboral.
