La Defensoría del Pueblo de Bolivia solicitó este jueves a las autoridades consulares bolivianas en Chile exigir que se investiguen las circunstancias en las que murió un ciudadano boliviano, quien habría sido abandonado, aún con vida, en Calama —región de Antofagasta—.

Según informó Luis Aguilera, jefe regional de Carabineros de Chile, detuvieron a dos agentes de esa institución “que fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que inició una investigación para aclarar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar eventuales responsabilidades”.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia expresó en un comunicado “su preocupación por las circunstancias de la muerte del ciudadano boliviano Jaime Veizaga Sánchez, este martes 9 de febrero, quien habría sido abandonado, aún con vida, a un costado del edificio del Servicio Médico Legal de Calama”.

Las autoridades consulares bolivianas deben “asumir las acciones de defensa necesarias en representación del Estado Boliviano, de la familia del fallecido y la sociedad en general, a efectos de conocer lo ocurrido en relación a la muerte de Jaime Veizaga Sánchez y posibiliten la pronta repatriación de su cuerpo para ser despedido por sus familiares”, añadió.

Asimismo, la Defensoría destacó la respuesta y atención del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Calama en este caso.

Funcionarios del Servicio Médico Legal de Calama, una pequeña localidad a más de 1.500 kilómetros al norte de Santiago de Chile, denunciaron el martes que dos uniformados dejaron supuestamente tirado en el suelo, a las puertas de la institución, a un hombre de nacionalidad boliviana gravemente herido.

Cuando llegaron las autoridades policiales trataron de derivarlo al hospital, pero la víctima falleció antes de llegar.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)