Hoy en el Tribunal Constitucional (TC) alegará la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, que considera inconstitucional la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que aprobó el proyecto minero portuario Dominga.
En la audiencia también estarán presentes la empresa Andes Iron, titular de la iniciativa, y la ONG Oceana.
⭕Tribunal Constitucional citó a alegatos de admisibilidad en caso Dominga.
¡Estaremos atentos al próximo 24 de octubre!
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A partir de las 15:00 horas, en la primera sala del TC, se llevarán a cabo los alegatos en contra del proyecto de la empresa Andes Iron, en la región de Coquimbo.
El requerimiento de inaplicabilidad fue ingresado el pasado 14 de septiembre ante el organismo constitucional y busca revertir el veredicto del Tribunal Ambiental de Antofagasta, por considerar que infringe la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.
Lo anterior por considerar discriminatoria la decisión de declarar suficiente la línea de base marina presentada por la empresa, ya que no existe guía metodológica para ello.
El abogado de FIMA, Diego Lillo, quien representa a la asociación, indicó que la revisión será sólo respecto de la admisibilidad y no sobre el fondo del recurso presentado, pero se manifestó esperanzado en que será acogido.
La acción fue interpuesta sólo por la asociación de pescadores, pero el TC pidió “traslado”, otorgando 10 minutos para cada intervención, incluyendo a Andes Iron y Oceana.
La ONG Oceana, que busca la preservación de los mares, estará presente también en la instancia, a cargo del abogado Ezio Costa, quien sostuvo que se ratificará que el Tribunal Ambiental aplicó normas que quebrantaron el derecho a vivir en un medio ambiente sano.
En tanto, el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, aseguró que existe inquietud en la ciudadanía respecto de lo que pueda ocurrir con el megaproyecto, tanto desde los opositores, como de los que ven una oportunidad laboral.
Luego de conocer la respuesta a la admisibilidad del recurso, se comenzaría a analizar el fondo. De ocurrir esto, retrasaría el proceso por unos 300 días más.
Junto a ello, postergaría también la causa que lleva en paralelo la ONG Oceana en la Corte Suprema, que busca revertir el fallo que ordenó retrotraer el proceso de aprobación ambiental hasta la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.
