América Latina tiene la ocasión de hacer algo más que mirar y declarar su condena con los matices que se quieran, es decir, cerrar filas en torno al principio de no intervención armada, sin ambigüedades.

Es demasiado pronto para saber hacia dónde van los hechos tan graves, y seguramente, cuando esta columna se publique, habrán transcurrido más y nuevos hechos, y quizás qué nuevo gobierno se instale en Venezuela (o lo instalen), pero lo que ya está claro es que lo ocurrido en ese país no es solo un episodio más del largo drama chavista: es un giro clamoroso en la nueva arquitectura del poder mundial.

Por ello es legítimo –de hecho, urgente– levantar algunas alarmas.

Trump ha dicho que “capturó a Maduro”, lo dijo así, al estilo Trump, como quien atrapa a un criminal en una cacería internacional. La justificación oficial gira en torno al narcoterrorismo, y se promete un juicio en EE.UU., donde deberán probarse esos cargos en un procedimiento judicial con todas las garantías de un estado de derecho.

Pero la razón profunda no está en la justicia, sino en la geopolítica. Esta acción busca asentar el dominio norteamericano en su zona de influencia, reafirmar una especie de Doctrina Monroe 2.0, ahora rebautizada, sin sutilezas, como el Corolario Trump.

No es tan distinto a lo que hace Rusia con Ucrania o China con Taiwán, cada potencia buscando ordenar su vecindario a su antojo. Pero con una diferencia fundamental: Trump no responde a ninguna doctrina ideológica ni a un código de principios democráticos. Solo a dos ejes: negocio y fuerza bruta.

Es un orden mundial basado en la asimetría del poder y la arbitrariedad, donde la legalidad se reescribe desde los misiles y la diplomacia se reemplaza por la “captura”. Una especie de nuevo Yalta sin firmas de tratado alguno.

Queda por ver qué harán Rusia y China, que han declarado su respaldo a Maduro. ¿Será solo retórica diplomática y enojo? ¿Tomarán represalias? ¿O será la reedición de los bloques, cada uno con sus satélites y sus reglas de juego? Nada de eso sería bueno para el resto del mundo y en especial para América Latina.

En medio de ese tablero, pude conocer una voz ética y clara. José Mario de la Garza, abogado mexicano, defensor de derechos humanos y referente en temas de justicia y transparencia, escribió algo que resume el dilema de fondo:
“El derecho no absuelve dictaduras, pero tampoco legitima cruzadas unilaterales”.

Con esa frase, y otras igual de contundentes, de la Garza advierte del mayor peligro: el precedente. Porque si mañana otro país decide bombardear a un régimen vecino porque “no le gusta”, ¿quién lo detendrá? Si el derecho se pliega a los impulsos justicieros de las potencias, se rompe la última barrera que protege a los débiles de los fuertes.

El derecho internacional no está diseñado para premiar a los buenos ni castigar a los malos, sino para limitar el poder de los fuertes. Como recuerda José Mario de la Garza, su función es contener, no moralizar.

Por eso prohíbe casi sin excepción el uso unilateral de la fuerza, incluso contra dictaduras, porque abrir esa puerta nos devuelve a una lógica imperial: cada potencia decidiendo a quién “liberar” a bombazos, en nombre de su propia idea de orden. Ahora es “derrocar a un dictador”; mañana será “corregir una elección” o “proteger inversiones”.

La caída de los regímenes autoritarios puede y debe ser promovida por medios pacíficos: sanciones, denuncias, aislamiento, apoyo internacional a las oposiciones democráticas, visibilidad a las víctimas. Nunca por bombardeos en naciones soberanas.

En este contexto, América Latina tiene la ocasión de hacer algo más que mirar y declarar su condena con los matices que se quieran, es decir, cerrar filas en torno al principio de no intervención armada, sin ambigüedades.

Por ello urge una voz clara y propositiva, aunque sea solitaria, que diga que la justicia no se construye con intervenciones armadas y exija al respeto a cada una de las naciones de América Latina.

¿Quién puede convocar ese gesto?

No será fácil, pero una voz sobria del gobierno chileno, quizás del propio presidente Boric, aún puede marcar una línea en la última fase de su mandato.

Sería necesaria una intervención templada, sin alardes ideológicos y con una convincente orientación democrática. ¿Podría sumar respaldo de sectores amplios chilenos?

Más que difícil, pese a ello, incluso si no se logra, quedaría registrado como antecedente moral y político para otros y mejores tiempos. Algo similar ocurrió con el “No” del presidente Lagos a la invasión de EE.UU. a Irak, el año 2003.

Porque en un mundo que se reorganiza a golpes, las palabras –cuando son justas– siguen siendo un acto de resistencia.