Para regularlas o simplemente eliminarlas. La discusión en torno a las famosas máquinas tragamonedas se intensificó en el Senado durante la jornada del miércoles en la sesión de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalismo.
Según indicó la Municipalidad de Antofagasta en un comunicado, a la instancia llegó la alcaldesa Karen Rojo, quien planteó ante los legisladores que estas máquinas -en su opinión-, en vez de traer beneficios, han sido más bien de perjuicio para la gente de su comuna.
En esa línea, Rojo aseguró que la instalación de estas conlleva problemas que van de la mano del expendio alcohol y drogas, la venta de comida y del arriendo de habitaciones, asegurando que en el país existen cerca de 1 millón de máquinas no regularizadas, las que además son ingresadas de manera ilegal.
Rojo también acusó una falta de atribuciones para que los municipios puedan fiscalizar el funcionamiento de los locales que explotan estas máquinas. Centros que, de acuerdo a un estudio de la Universidad Católica de Chile llevado a cabo en 2016 en 87 comunas del país, alcanzan los 1.327.
Las máquinas tragamonedas de estos locales, que operan con la modalidad de minicasinos, representan un perjuicio para el Fisco ya que, al no estar regularizadas, no le tributan al Estado. De acuerdo a datos de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), las arcas municipales dejan de percibir cerca de US$50 millones al año debido a la falta de regulación.
Quien se mostró abiertamente a favor de la idea de eliminar estos centros fue el impulso del proyecto en la materia, el excandidato a la presidencia y senador Alejandro Navarro.
“Creo que hay que eliminarlas a la brevedad porque traen más problemas (…) que beneficios, beneficios ninguno. En Chile hay cada vez más personas adictas al juego (…), pero en este caso son particularmente hombres y mujeres trabajadores de bajos ingresos”, dijo Navarro.
“Cuando gastan sus monedas en estas máquinas después van al municipio a pedir apoyo, por tanto para ningún municipio es un buen negocio, al contrario, es un elevado riesgo social y yo me alegro que la Alcaldesa Karen Rojo haya sido categórica respecto de este tema”, puntualizó el parlamentario.
Por su parte, la senadora Luz Eliana Ebensperger concordó con la postura de Navarro e indicó que ella es una convencida de que “hay que terminar con estas máquinas de destreza y calificar todas aquellas máquinas que den premios en dinero como máquinas de azar” y que los más afectados son justamente los más vulnerables.
Ebensperger, además, indicó que la presencia de estas máquinas en negocios engañan a las personas haciéndoles creer que pueden aumentar sus ingresos, los que solo se ven mermados al gastar dinero destinado a alimentos básicos.
A juicio del senador Rabindranath Quinteros, lo más preocupante es la falta de tributación que existe en la actualidad. “Hablar de 50 millones de dólares para los presupuestos que reciben los municipios es una gran cantidad, entonces, tanto la alcaldesa como la Asociación de Municipalidades han dicho que evidentemente si hay una ley que regule en forma drástica y que se prohíba una serie de elementos, sería beneficioso”.
“Todos tenemos aprensiones con este tipo de juegos pero cuando se habla de una cantidad de locales que están instalados, cuando se deja de recibir en las arcas municipales una cifra tan importante es para pensarlo”, agregó.
Otro que mostró su apoyo a la medida fue el senador Pedro Araya, quien anunció que la comisión tiene la intención de legislar en la materia para ayudar a los alcaldes y a regular al sector bajo el alero de las casas edilicias y la Superintendencia de Casinos.
Finalmente, y en concreto, Rojo le pidió a la instancia senatorial que se incluya un límite en el horario de funcionamiento de estos locales, que no se encuentren cerca de establecimientos educacionales, que se prohíba el ingreso de escolares y menores de edad y que se establezca un límite de máquinas por patente.
Además, la alcaldesa solicitó que estos locales paguen impuestos y que parte de ese dinero quede en los municipios, que la fiscalización de las máquinas siga radicada en la Superintendencia de Casinos y exista monitoreo satelital para obtener información acerca de los ingresos a estas empresas.
