La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, ofició a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Defensoría Penal Pública para solicitar antecedentes sobre las detenciones de personas por publicaciones en redes sociales o mensajes en aplicaciones de mensajería considerados amenazas contra el presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
La acción fiscalizadora busca esclarecer cómo funcionan las alertas que plataformas digitales, particularmente Meta, remiten a las policías, cuántos procedimientos se han originado a partir de esos reportes y si las actuaciones policiales han respetado las garantías constitucionales y legales.
En los oficios, fechados el 11 y 12 de noviembre, la parlamentaria da cuenta de al menos siete personas detenidas entre junio y octubre de este año por expresiones que habrían sido consideradas amenazantes contra ambas autoridades.
Entre los casos mencionados están los procedimientos registrados en Cunco, Chillán y Linares, este último involucrando a una adolescente de 17 años cuya detención fue declarada ilegal por el Juzgado de Garantía.
“Hemos conocido de al menos tres casos, uno de ellos que termina en una detención ilegal por amenazas al presidente José Antonio Kast. No toda amenaza debe ser investigada, tiene que ser verosímil. Y no confundir amenazas que no son verosímiles con sátiras o con críticas políticas”, sostuvo Fries.
Ofician por detenciones tras alertas de Meta sobre amenazas a Kast
En el oficio dirigido al director general de la PDI, Eduardo Cerna, y al ministro de Seguridad Pública, Martin Arrau, la diputada solicitó copia íntegra del convenio, protocolo o instrumento que regula la recepción de alertas de Meta u otras plataformas digitales, además de conocer su fundamento legal.
También pidió precisar qué tipo de información reciben las policías, incluyendo si los reportes contienen mensajes directos, conversaciones grupales o publicaciones de acceso restringido, y si se solicitan antecedentes adicionales a las empresas sin autorización judicial previa.
Respecto de los procedimientos, Fries solicitó cifras de las detenciones practicadas desde el 11 de marzo de 2026, distinguiendo aquellas realizadas mediante orden judicial o por flagrancia, además del número de casos que involucraron a menores de edad y cuántos terminaron con una declaración de ilegalidad.
En paralelo, a la Defensoría Penal Pública le pidió estadísticas de las causas por amenazas contra autoridades en que asumió la defensa desde enero de 2024, incluyendo medidas cautelares, resultados judiciales y eventuales detenciones declaradas ilegales.
La parlamentaria también puso especial atención en los procedimientos que involucran a adolescentes. En el oficio recordó que, según los antecedentes publicados sobre el caso de Linares, la joven habría sido interrogada sin presencia de un defensor y sin lectura de sus derechos.
Fries advirtió que el artículo 31 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente exige la participación de un defensor en actuaciones que excedan la mera acreditación de identidad.
“Porque si perdemos de vista esta distinción, se produce algo que es muy complicado en una democracia, y que es la persecución”, afirmó.
La diputada agregó que el objetivo de sus requerimientos es establecer los límites de las actuaciones policiales frente a este tipo de alertas. “Los delitos hay que investigarlos; pero la libertad de expresión hay que garantizarla”, concluyó.
NOTICIA PATROCINADA
Presentado por:
Enviando corrección, espere un momento...
