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Cuando se piensa en cooperación regional en Inteligencia Artificial (IA), suele imaginarse a gobiernos que firman declaraciones. Sin embargo, esa cooperación también depende de reglas que se parezcan entre países y de que los datos necesarios para investigar puedan utilizarse con tranquilidad jurídica.
Una IA que escribe o responde preguntas aprende a partir de la lectura de grandes volúmenes de textos, como libros, artículos y páginas web. Esa lectura masiva requiere reproducciones técnicas de las obras, un uso para el que las leyes de derecho de autor de la región no contemplan hoy una autorización clara, incluso cuando el objetivo es investigar. En el mundo jurídico se habla de una excepción de minería de textos y datos y, según un estudio que cita el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026, ningún país de la región cuenta con una específica. Por otro lado, Japón, Singapur y la Unión Europea sí la tienen.
Esta diferencia regulatoria no solo tiene implicancias jurídicas, sino también económicas. Un estudio desarrollado por CENIA junto a Microsoft estima que habilitar la minería de textos y datos en Chile podría generar un aumento acumulado del 6% en productividad en cinco años. Asimismo, bajo condiciones favorables de adopción tecnológica, las exportaciones podrían aumentar hasta un 5% al quinto año, equivalente a cerca de USD 5.000 millones anuales. Si bien estas proyecciones muestran oportunidades relevantes, su materialización dependerá del ritmo de adopción tecnológica y de las capacidades de las empresas para aprovechar sus beneficios.
La experiencia de LatamGPT, el modelo de Inteligencia Artificial abierto desarrollado desde la región con aportes de más de 60 instituciones de 15 países, lo ilustra bien. Al no existir una norma específica, cada fuente de datos debió conversar y autorizarse una por una. Eso demanda tiempo y recursos, limita la cantidad de información disponible y puede inclinar la balanza hacia las instituciones más dispuestas a colaborar.
Chile también ha avanzado en esta conversación. La Ley N° 21.850 de Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, publicada en octubre de 2026, consideró en su discusión una excepción de minería de datos que finalmente no quedó en el texto final debido a la falta de conocimiento de las consecuencias de esta incerteza jurídica por parte de diversos grupos de interés.
El ILIA observa que fue una oportunidad valiosa para aprender, pues una propuesta de este tipo se beneficia de distinguir entre la investigación sin fines de lucro y los usos comerciales, de contemplar la protección de quienes crean las obras y de discutirse con tiempo propio, y no dentro de una ley que aborda muchos temas a la vez.
Muchas veces las discusiones sobre regulación se ven dominadas por la inmediatez y el corto plazo, sin considerar a cabalidad su impacto futuro. Algo similar ha ocurrido en los últimos años respecto a la Ley de Protección de Datos Personales, cuyo impacto y adecuación a los estándares europeos se analiza especialmente desde el costo de cumplir con requisitos más estrictos.
Sin embargo, en un estudio que estamos realizando entre CENIA y la Red Iberoamericana de Protección de Datos, los resultados preliminares muestran un efecto positivo en la exportación de servicios, especialmente en aquellos sectores más intensivos en datos. Además, estos beneficios aumentan en el tiempo, lo que muestra no solo que las reglas compartidas pueden abrir grandes oportunidades en el largo plazo, sino que es posible crear un escenario virtuoso de mayor colaboración, protección de derechos y beneficios económicos.
Volviendo a la excepción en minería de datos, debemos reconocer las inquietudes de los creadores y por ellos se debe construir un marco de conversación que ofrezca una promoción para la investigación sin fines de lucro y reglas propias para los usos comerciales, que consideren la posibilidad de que los autores reserven sus derechos, transparencia sobre las fuentes y otros elementos que surjan de la discusión.
Un espacio natural para avanzar es la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC), la plataforma de cooperación digital de los gobiernos de la región, donde acordar criterios comunes ayudaría a que los proyectos regionales no dependan de la norma más restrictiva. Cuando los datos pueden usarse con claridad, la soberanía tecnológica deja de ser una aspiración y empieza a tener bases concretas.
Antonia Moreno
Secretaria ejecutiva del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA)
Jefa de Incidencia Pública del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA)
