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En Chile, miles de personas envejecen perdiendo sus dientes, no porque sea una consecuencia natural asociada con la edad, sino porque durante décadas no hemos sido capaces de garantizar una atención odontológica oportuna en el curso de la vida.
Detrás de cada diente perdido hay historias de dificultades para alimentarse, sonreír, relacionarse y vivir con dignidad. Una realidad que hemos terminado por normalizar y que debería avergonzarnos como sociedad.
Hoy, cuando se discute el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, esta deuda sanitaria vuelve a quedar en evidencia. La preocupación expresada por el Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas, las universidades públicas y distintas organizaciones sociales converge en un punto fundamental: el debate no se reduce al financiamiento de programas específicos, sino que interpela directamente el lugar que como país estamos dispuestos a otorgarle a la salud oral dentro de las prioridades nacionales.
Las cifras son contundentes: la odontología concentra hoy la mayor lista de espera de nuestro país. A julio de 2026, más de 540 mil consultas de especialidad y 48 mil intervenciones quirúrgicas permanecían sin atención. Pero quizás el dato más doloroso es que ocho de cada diez personas mayores de 65 años presentan una dentición no funcional, es decir, conservan menos de veinte dientes naturales, lo que puede comprometer seriamente su capacidad funcional, tanto oral como sistémica.
Perder los dientes va mucho más allá de la boca. Significa dejar de disfrutar una comida, ocultar una sonrisa o limitar la vida social, hasta llegar, en muchos casos, al aislamiento. La salud oral está profundamente vinculada a nuestra autonomía, autoestima y calidad de vida, pero también con nuestra salud general.
La evidencia científica demuestra que las enfermedades orales, especialmente las periodontales, están asociadas a condiciones crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el Alzheimer e incluso algunos tipos de cáncer. A la inversa, conservar nuestros dientes se vincula directamente con una mayor esperanza de vida. Todo esto reafirma una verdad ineludible: la salud oral es inseparable de la salud general. Conservar nuestros dientes es, en definitiva, conservar vida.
Este desafío también tiene una dimensión económica. En un sistema sanitario con recursos limitados, prevenir las enfermedades orales y fortalecer su atención oportuna en el nivel primario no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que evita tratamientos más complejos y costosos. Por ejemplo, un reciente estudio nacional demostró que incorporar el tratamiento periodontal en pacientes con diabetes mejora su control metabólico, constituyendo una intervención altamente costo-efectiva para el sistema público de salud. Estos resultados confirman que avanzar hacia una atención integral no es solamente deseable ética y sanitariamente, sino que es una oportunidad estratégica para optimizar los recursos del Estado.
Sin embargo, la evidencia científica es insuficiente si no se traduce en políticas públicas. Es precisamente aquí donde la actual discusión presupuestaria adquiere especial relevancia. Las modificaciones propuestas al financiamiento de los programas odontológicos en la atención primaria deben ser revisadas con cautela.
Si bien incorporar estos recursos al financiamiento per cápita podría apuntar a una atención más integral, también implica riesgos profundos. Mantener los montos globales no garantiza que el dinero llegue efectivamente a quienes requieren atención odontológica. Sin un financiamiento protegido, metas claras y mecanismos de seguimiento rigurosos, los frágiles avances en la salud oral corren peligro de diluirse entre las múltiples urgencias del sistema.
Esta preocupación adquiere una dimensión aún mayor al constatar que las enfermedades orales no afectan a todos por igual. En Chile, la caries dental, las enfermedades periodontales y la pérdida de dientes son un fiel reflejo de profundas desigualdades sociales, las cuales se gestan en la infancia y se acumulan durante toda la vida.
Las oportunidades de prevenir, recibir tratamiento oportuno y mantener una buena salud oral siguen estando estrechamente condicionadas por el nivel socioeconómico y educacional. Estas brechas no solo perpetúan la inequidad sanitaria, sino que profundizan el estigma, la discriminación y la exclusión social de los sectores más vulnerables.
Desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, tenemos la convicción de que el presupuesto 2027 debe ser una herramienta para fortalecer, y no para debilitar, nuestra salud pública. Necesitamos proteger los recursos sectoriales, ampliar el acceso, garantizar la continuidad de los tratamientos e integrar definitivamente la odontología a las estrategias nacionales para el manejo de enfermedades crónicas y el envejecimiento saludable.
Hoy, Chile debe decidir si seguirá administrando esta histórica deuda sanitaria o si, de una vez por todas, asumirá la responsabilidad ética y política de saldarla. Envejecer con dignidad no puede seguir siendo un privilegio. Y conservar nuestros dientes, tampoco.
Mauricio Baeza Paredes
Fabiola Werlinger Cruces
Loreto Abusleme Ramos
Jorge Gamonal Aravena
Académicos de la Facultad de Odontología, Universidad de Chile.
