La bancada de diputados del Partido Republicano solicitó al Gobierno del presidente José Antonio Kast implementar medidas de reparación y acompañamiento integral para las 332 víctimas de agresores sexuales que se han visto beneficiadas con rebajas de penas carcelarias durante los últimos cinco años.
La petición se produce en medio de la controversia por la reducción de condenas a personas que cometieron delitos sexuales, situación que ha generado cuestionamientos y preocupación por las consecuencias para las víctimas.
A través de un comunicado, la colectividad planteó la necesidad de evaluar distintas medidas para apoyar a las personas afectadas, entre ellas reparaciones económicas, atención de profesionales calificados y restricciones para los victimarios.
Reforzar el entorno de las víctimas
Asimismo, propuso reforzar la protección del entorno de las víctimas y evaluar el otorgamiento de pensiones de gracia, en caso de que el Ejecutivo lo considere pertinente.
Desde el partido reconocieron que estas medidas no permitirían revertir el daño psicológico y emocional sufrido ni el proceso de revictimización. Sin embargo, sostuvieron que contribuirían a reconocer el perjuicio ocasionado y la responsabilidad del Estado.
“Creemos que si bien estas medidas solicitadas no revierten el perjuicio psicológico y emocional sufrido, ni el proceso de revictimización, sí reconocen que el Estado falló, así como también el daño”, señalaron en la declaración.
En esa línea, la bancada afirmó que busca evitar que las víctimas se sientan solas, inseguras o desprotegidas, además de prevenir que otras personas atraviesen situaciones similares.
Modificación legal
Por último, el Partido Republicano recordó que el Ejecutivo ingresó al Congreso Nacional una modificación normativa destinada a evitar que se repitan situaciones como las que originaron la actual controversia.
Según indicaron, la iniciativa cuenta con urgencia legislativa y apuntaría a abordar una problemática que, de acuerdo con la colectividad, permaneció sin solución durante años.
La solicitud de medidas de reparación se suma así al debate sobre las rebajas de condenas a agresores sexuales y las consecuencias que estas decisiones tienen para las víctimas.
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