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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Comisión de Educación rechazó por 7 votos contra 5 el proyecto “Sueldos Protegidos”, que busca impedir que las remuneraciones sean embargadas una vez depositadas en una cuenta bancaria. La iniciativa, impulsada tras denuncias de deudores del CAE cuyas cuentas fueron vaciadas durante cobros de la Tesorería, llegará con informe negativo a la Sala de la Cámara, que deberá votar si continúa su tramitación.

El proyecto “Sueldos Protegidos”, que busca resguardar las remuneraciones frente a embargos incluso después de ser depositadas en una cuenta bancaria, sufrió un nuevo traspié en la Comisión de Educación.

La instancia rechazó la iniciativa por 7 votos en contra, 5 a favor y 1 abstención, por lo que llegará a la Sala de la Cámara con informe negativo.

Eso no significa que el proyecto haya terminado su recorrido. Ahora será el pleno el que deberá debatir y votar en general la propuesta, impulsada tras las denuncias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que aseguraron haber quedado con sus cuentas vacías durante acciones de cobranza de la Tesorería General de la República (TGR).

¿Qué busca cambiar “Sueldos Protegidos”?

La iniciativa modifica el artículo 57 del Código del Trabajo, que establece como regla general la inembargabilidad de las remuneraciones y permite embargar la parte que exceda las 56 UF, cerca de $2,3 millones.

La discusión está en qué ocurre cuando el sueldo llega al banco. Según sus impulsores, esos fondos pueden ser tratados como un saldo disponible para la cobranza, pese a provenir de una remuneración protegida por la ley.

El proyecto busca dejar expresamente establecido que esa protección se mantiene después del depósito o transferencia. Su objetivo, según el texto presentado, es “fortalecer la garantía de inembargabilidad de las remuneraciones, resguardando el mínimo de subsistencia del trabajador frente a acciones de cobro y procedimientos de ejecución de deudas”.

La propuesta fue presentada por Daniela Serrano (PC), con el respaldo de parlamentarios del PC, Frente Amplio, PS, Acción Humanista, PDG y DC.

Informe negativo en comisión

Tras la votación, la diputada Daniela Serrano acusó que “la derecha rechazó en bloque este proyecto” y anunció que buscarán revertir el resultado en la Sala: “Nosotros vamos a perseverar en la sala de la cámara de diputados y diputadas, porque cada uno de los parlamentarios se tiene que hacer responsable de si van a ser cómplices de que la TGR te deje en cero pesos”, afirmó la jefa de bancada del PC.

Emilia Schneider (FA) también cuestionó la decisión y llamó a las organizaciones de deudores y del mundo educativo a involucrarse en la discusión: “Nuevamente la derecha le da la espalda a las y los deudores del CAE, y defiende los cobros abusivos que su gobierno ha impulsado”, sostuvo.

“Vamos a seguir luchando por una solución estructural a este problema, pero también por atender esta urgencia”, agregó.

En tanto, Paz Charpentier (REP), también integrante de la comisión de Educación, dijo que “las remuneraciones ya están protegidas por la ley (artículo 57 del Código del Trabajo). El proyecto, además, de ser inconstitucional (por corresponder esta materia a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo y no a los parlamentarios, como ocurre en este caso), engaña a los deudores y permite trasladar, por la puerta trasera, la deuda de quienes han suscrito estos créditos a todos los contribuyentes”.

La Sala ya había permitido que siguiera tramitándose

El proyecto Sueldos Protegidos había enfrentado un obstáculo previo en la misma comisión, que en septiembre lo declaró inadmisible. Sin embargo, el 23 de ese mes la Sala revirtió esa decisión por 53 votos contra 52 y permitió retomar su tramitación.

Esta vez la discusión será distinta: los diputados deberán pronunciarse sobre la idea de legislar. El informe negativo refleja el rechazo de la comisión, pero la Sala puede resolver a favor de que el proyecto continúe.

La iniciativa no plantea condonar las deudas del CAE. Apunta a que el dinero proveniente del sueldo conserve su protección legal cuando esté depositado en una cuenta bancaria.