El futuro de Prodemu enfrenta al Gobierno con exautoridades y trabajadoras de la fundación. Mientras el Ejecutivo atribuye su crisis financiera a una deuda superior a los $3 mil millones, exministras, parlamentarias y funcionarias propusieron una mesa de trabajo para evitar su cierre y asegurar la continuidad de los programas que benefician a miles de mujeres.
Con financiamiento contemplado solo hasta marzo de 2027, la continuidad de Prodemu sigue en duda. Ante este escenario, exautoridades y representantes de sus trabajadoras solicitaron al Gobierno abrir una mesa de diálogo con la ministra de la Mujer, Judith Marín, para buscar alternativas que permitan mantener la fundación en funcionamiento.
La preocupación apunta tanto a los programas sociales que Prodemu ha desarrollado durante 36 años, especialmente en sectores rurales, como al futuro de sus 380 trabajadores, cerca del 90% de ellos mujeres.
La senadora y exministra de la Mujer Claudia Pascual (PC) llamó al Ejecutivo a buscar una salida que permita mantener la institución y sus programas.
“Ofrecer una mesa de trabajo al Ministerio de la Mujer, al gobierno y en particular a la ministra Judith Marín. Queremos tremendamente relevante pensar primero en las mujeres, esa mirada que permita distintas alternativas, menos el cierre”, sostuvo.
Sin embargo, las diferencias también apuntan a las causas de la crisis financiera. La ministra Marín responsabilizó a la administración anterior por la situación de Prodemu, que acumula deudas superiores a los $3 mil millones.
Según la secretaria de Estado, el traspaso de la presidencia del directorio desde la Primera Dama al Ministerio de la Mujer provocó un importante daño a la fundación.
Sus argumentos fueron cuestionados por la exministra Antonia Orellana, quien aseguró que ese cambio administrativo no alteró el sistema de financiamiento.
“Pasa desde la Primera Dama hacia la ministra de la Mujer; no cambia el financiamiento, este permanece. No hay una razón técnica para responsabilizar a ese traspaso de la crisis financiera”, afirmó.
Marín también sostuvo que el Estado no puede disponer directamente el cierre de una fundación y que corresponde a su directorio buscar nuevas fuentes de financiamiento.
Esta alternativa fue cuestionada por la presidenta del sindicato de Prodemu, Fabiola Cayla, quien advirtió que las donaciones privadas no permitirían reemplazar los recursos públicos con los que históricamente ha operado la institución.
“Desde sus inicios, Prodemu se ha financiado con recursos públicos. Tratar de decir que con donaciones privadas o recursos así podemos sostener la fundación, es imposible que alguien nos haga una donación de esa índole”, sostuvo.
Así, mientras el Gobierno mantiene su propuesta de financiamiento para 2027, la presión de exautoridades y trabajadoras busca abrir una negociación que permita evitar el cierre de Prodemu.
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