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Todo indica que Argentina está construyendo un caso formal o un reclamo jurídico para modificar los límites de soberanía en el estrecho de Magallanes. Resulta extraño que, por casualidad, nos hayamos visto enfrentados a fricciones geopolíticas en los últimos meses, debido a declaraciones de funcionarios y militares argentinos que pueden interpretarse —y creemos que debemos hacerlo— como un intento de sentar precedentes basados en la costumbre.
La expresión exacta sería que Argentina está preparando un caso con base en el derecho consuetudinario.
No olvidemos la experiencia peruana: la Cancillería de ese país trabajó con talento y sigilo al señalar que no existía una frontera marítima trazada entre Chile y Perú.
Para ello, invocó las normas del derecho internacional contemporáneo —en particular, los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar— para plantear que, ante la falta de un acuerdo previo y la superposición de proyecciones costeras por la forma cóncava de la costa sudamericana, la solución más equitativa debía ser el trazado de una línea equidistante (o bisectriz).
La frontera —defendida por Chile— resultaba desproporcionada porque “encajonaba” la proyección marítima del sur de Perú, recortándole abruptamente sus 200 millas constitucionales. Eso terminó llevándonos a la Corte Internacional de Justicia, con resultados desfavorables para nuestro país.
Ahora vemos declaraciones de altos mandos y autoridades argentinas en esa misma línea. El contraalmirante Hernán Montero, de Hidrografía Naval, afirmó que la boca oriental del estrecho correspondía a territorio argentino. Posteriormente, en agosto, el brigadier general Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, incluyó a Magallanes dentro de la proyección de soberanía argentina.
La Cancillería argentina admitió la relevancia estratégica del extremo austral del continente sudamericano y su creciente centralidad “por sus recursos naturales estratégicos, por su rol en las rutas marítimas y las cadenas globales de suministro”, pero insistió en la cooperación bilateral.
“Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional”, señaló la cartera encabezada por Pablo Quirno.
El Arco de Scotia es una inmensa cordillera submarina y un sistema de arcos insulares que interconecta el extremo sur de Sudamérica con la Antártica.
Tras estas declaraciones, Kast abordó la polémica: “El canciller chileno fue muy claro, y agradecemos también las declaraciones del Gobierno argentino, reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es Chile”.
Pero, al mismo tiempo, observamos una estrategia contradictoria de Buenos Aires: mantiene vigente el Decreto 256/2010, que impone la obligación de solicitar permisos para navegar por aguas que considera bajo su jurisdicción.
La tensión se ha visto agudizada por la reactivación del comercio y el tráfico marítimo directo entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, impulsada por el sector privado de la región de Magallanes, con miras a dar apoyo logístico al primer gran proyecto petrolero del archipiélago.
¿Debemos preguntarnos si la administración chilena está garantizando de forma efectiva a los operadores de Punta Arenas los derechos de libre navegación estipulados en los tratados vigentes con Argentina?
Por otro lado, no podemos ceder ante los intentos argentinos de arrastrar al país a un boicot contra el Reino Unido. Hay que recordar que Gran Bretaña constituye el aliado militar más antiguo de Chile y el principal proveedor estratégico de la Armada de Chile.
Ese es un dilema que hay que resolver con asertividad y energía.
