La batalla por el control de sociedades vinculadas a Equitas, los pagos por administración de fondos y las querellas cruzadas con la familia Puchi abrieron un nuevo flanco. A las acciones penales presentadas en las últimas horas se sumó una denuncia ética ante el Colegio de Abogados contra el penalista Jorge Bofill Genzsch.
El cuestionamiento apunta a una situación específica. Equitas Management Partners S.A. sostiene que Bofill mantiene mandatos judiciales vigentes para representar intereses del grupo, pero que, al mismo tiempo, patrocinó una querella penal contra Cristián Shea Carey y Vicente Pérez Fuentes, fundadores y controladores de la administradora, es decir, fue contra sus propios clientes.
La acción fue presentada por Shea Carey, a título personal y en representación de Equitas Management Partners, junto a Luciano Kasakoff. El escrito, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, solicita al Colegio de Abogados investigar eventuales infracciones al Código de Ética Profesional en materia de confidencialidad, secreto profesional y conflicto de interés.
La denuncia fue formulada luego de que Bofill, en representación de Inversiones Patagonia Dos Limitada, que forma parte de la sociedad, presentara una querella por el delito de distracción indebida contra Shea y Pérez. La acción fue declarada admisible el 24 de septiembre por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en la causa RIT 9854-2026.
El origen de la disputa
El choque judicial se desarrolla en medio de la controversia entre los socios de Equitas y la familia Puchi, vinculada a sociedades, fondos de inversión y activos administrados por el grupo.
Equitas Management Partners es una administradora de fondos de inversión privados. Según el relato contenido en la querella patrocinada por Bofill, Celta SpA. posee el 98,08% de la administradora y sus controladores finales son Shea y Pérez.
Entre los vehículos administrados por la firma estuvo el FIP Equitas I, titular del 38,95% de Recycling Innovation and Technologies SpA. (Reinvent). Hasta fines de 2025, el principal activo de esta última era el 51% de Hidronor Chile S.A., empresa dedicada a la gestión de residuos industriales.
También figuró el FIP Equitas II, que llegó a controlar el 100% de Innovaciones Forestales SpA.
Es en ese entramado donde Equitas sitúa el eventual conflicto ético. La firma afirma que Bofill y su estudio asesoraron al grupo durante aproximadamente diez años, en materias relacionadas con Innovaciones Forestales e Hidronor.
El documento señala que Celta pagó honorarios a Bofill y su estudio por asesorías jurídicas vinculadas a Innovaciones Forestales. Consigna pagos por $68.535.092 en 2018 y $27.617.074 en 2019.
Además, sostiene que existieron comunicaciones directas entre el abogado y Shea durante la ejecución de esos encargos profesionales.
Mandatos que, según Equitas, siguen vigentes
El núcleo de la denuncia es que los mandatos judiciales otorgados a Bofill para representar a Equitas se mantendrían vigentes.
Según la presentación, ello implicaría que el abogado asumió la representación de una parte adversa sin haber cesado previamente el patrocinio que mantenía en causas vinculadas al grupo.
Bofill patrocinó la querella de Inversiones Patagonia Dos contra Shea y Pérez, a quienes la acción atribuye una eventual distracción de recursos de Reinvent hacia Celta. La imputación se relaciona con dineros obtenidos tras la venta de acciones de Hidronor.
Para Equitas, el cuestionamiento no se limita a la representación de una parte contraria a sus controladores. También sostiene que la querella contiene antecedentes sobre la estructura interna del grupo, sus sociedades, fondos y relaciones de control que el abogado habría conocido durante las asesorías prestadas.
“El abogado Bofill conoció el interior del Grupo Equitas, sus controladores finales y su funcionamiento”, sostiene la presentación ingresada ante el gremio.
La firma afirma que esa información era confidencial y que estaría siendo utilizada en una acción penal contra Shea y Pérez. Por ello solicita determinar si existió una vulneración de los deberes éticos que rigen el ejercicio de la profesión.
Confidencialidad, secreto profesional y conflicto de interés
El escrito invoca las normas del Código de Ética Profesional que obligan al abogado a mantener reserva respecto de los asuntos de sus clientes, incluso después de terminada la relación profesional.
También cita la prohibición de utilizar información confidencial para obtener un provecho propio o para terceros, sin autorización expresa del cliente.
En materia de conflictos de interés, Equitas alude a las reglas que impiden representar intereses incompatibles con los de un cliente actual y, bajo determinadas circunstancias, actuar a favor de un nuevo cliente contra uno anterior cuando existe riesgo de afectar información confidencial.
La denuncia pide al Colegio de Abogados investigar si esos deberes fueron infringidos y deja a salvo la posibilidad de ejercer otras acciones judiciales por los hechos expuestos.
La regla ética que invoca Equitas
El artículo 85 del Código de Ética Profesional establece que un abogado no puede asumir la defensa de un nuevo cliente cuando sus intereses son directamente contrarios a los de una persona o empresa que asesoró antes. La prohibición opera si existe el riesgo de que se vulnere la confidencialidad de los antecedentes obtenidos en esa relación o que esos datos den a la nueva parte una ventaja indebida. Lo que en este caso se agrava al mantener un mandato vigente todavía por parte de la empresa que controlan los querellados por Boffil.
El Colegio de Abogados deberá determinar si existe esa relación profesional vigente, qué información conoció Bofill en sus encargos y si ella fue utilizada —o pudo otorgar una ventaja— en la querella contra los controladores de Equitas.
La respuesta
Consultado por Radio Bío Bío, el penalista Jorge Bofill respondió, a través de la consultora Imaginacción, que se hará cargo de la denuncia ante la instancia respectiva.
“Me haré cargo de estas imputaciones falsas donde corresponde, que es el Colegio de Abogados”, señaló.
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