Apoyo la decisión del Ejecutivo de adherir a la iniciativa “Escudo de las Américas” por diversas y poderosas razones. En primer lugar, porque apunta a fortalecer el combate contra el crimen organizado transnacional, un objetivo prioritario que coincide con una de las principales preocupaciones ciudadanas, como lo han demostrado distintas encuestas de opinión.

Chile ha sido uno de los países afectados por la acción del crimen organizado y de bandas extranjeras que ingresaron a nuestro territorio en medio de la ola de inmigración ilegal iniciada durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet y continuada durante los gobiernos posteriores. La presencia y operación de organizaciones criminales de carácter transnacional se ha incrementado de manera alarmante en nuestro país.

El propio Ejecutivo, que hizo de la seguridad una de sus principales banderas y un compromiso con sus votantes, ha constatado, luego de seis meses de mandato, que los recursos nacionales, e incluso regionales, no son suficientes para enfrentar este flagelo de manera coordinada y efectiva.

Uno de los principales beneficios para nuestro país de participar en esta iniciativa multilateral es la posibilidad de compartir inteligencia sobre las organizaciones criminales que operan en la región. Esa información resulta crucial para Chile, considerando las falencias que existen en materia de inteligencia, las que se han transformado en un factor de vulnerabilidad y han facilitado la operación en nuestro territorio de organizaciones como el Tren de Aragua.

El crimen organizado transnacional no respeta fronteras ni ideologías. Opera internacionalmente y, por lo tanto, solo puede ser combatido eficazmente mediante la cooperación entre Estados. Si existe un ámbito en el cual el multilateralismo es más que necesario, es precisamente en la persecución de este objetivo común.

La lucha contra el terrorismo y el crimen organizado forma parte de los objetivos abordados en instancias multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, espacios en los cuales Chile participa activamente, al igual que otros países de la región que han adherido al Escudo de las Américas.

Habría sido difícil justificar que Chile quedara fuera de esta iniciativa cuando nuestros tres países limítrofes -Argentina, Bolivia y Perú—, con los cuales nuestro país ha promovido acciones conjuntas para fortalecer la seguridad fronteriza, participan en este esfuerzo común contra el crimen organizado. Quedar al margen habría significado excluirnos de una instancia que aborda un problema que afecta directamente a Chile y a toda la región.

No soy ingenua respecto de los intereses que existen detrás de una iniciativa impulsada por Estados Unidos. Las relaciones internacionales, desde sus orígenes, se han basado en la protección, promoción y proyección de los intereses de cada Estado, y este caso no constituye una excepción. Sin embargo, considero que, en materia de seguridad, existen intereses que convergen entre Estados Unidos y los países de nuestra región.

Si esta iniciativa representa también beneficios comerciales o estratégicos para Washington, será responsabilidad de nuestra Cancillería analizar sus alcances y procurar las condiciones más convenientes para Chile, resguardando siempre nuestros intereses y la soberanía nacional.

Finalmente, frente a quienes cuestionan esta decisión desde la academia, desde análisis parciales o desde posiciones ideológicas, es importante recordar que, en tiempos turbulentos e inciertos como los actuales, desenvolverse en el escenario internacional es complejo y muchas veces exige adoptar decisiones que no serán del completo agrado de todos.

Estoy convencida de que, en este caso, existe una lógica orientada a proteger a nuestros compatriotas y a buscar mejores condiciones de seguridad para Chile.

El mundo no siempre funciona como quisiéramos que funcionara. La política exterior debe partir de esa realidad y actuar, con pragmatismo y responsabilidad, en defensa de los intereses de Chile.