Parlamentarios de oposición criticaron la decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de incorporar por primera vez una línea para financiar la construcción de Centros Comunitarios de Culto en el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27).
La medida fue incorporada este año y contempla 22 cupos a nivel nacional, con una inversión total de 143.800 UF, lo que equivale a $5.900 millones aproximadamente. Cada proyecto podrá recibir un máximo de 5.450 UF, es decir, cerca de $223 millones.
Los recintos, según el Minvu, “deberán contar con espacios destinados al culto y la reflexión, pero también con áreas para talleres, capacitaciones, reuniones vecinales, conversatorios, operativos sociales y otras actividades abiertas a la comunidad”.
Espinoza cuestiona financiamiento a “22 iglesias”
Al respecto, el senador Fidel Espinoza, presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, cuestionó que fondos del Minvu sean utilizados para financiar este tipo de infraestructura y remarcó que “Chile es un Estado laico y los recursos públicos deben destinarse a objetivos de interés general“.
“Yo soy católico, respeto a todas las religiones, pero quiero plantear este tema porque Chile es un Estado laico y con esto se pierde la neutralidad religiosa, la separación del Estado y la religión”, apuntó.
“El Estado siempre debe respetar y proteger todas las religiones, pero eso no significa que deba financiar una determinada fe con los impuestos de todos los chilenos y chilenas. Los recursos públicos deben destinarse a objetivos de interés general y distribuirse bajo reglas iguales, transparentes y sin discriminación religiosa”, subrayó.
De esa forma, Espinoza cuestionó la destinación de recursos del Minvu a dichos centros y destacó, además, que “hay familias que llevan más de una década esperando un subsidio y resulta francamente incomprensible que se pretendan destinar recursos para levantar 22 iglesias, cuando en Chile son miles las familias que siguen esperando una solución habitacional“.
Finalmente, recalcó que “respetamos profundamente la libertad de culto y el trabajo de las comunidades religiosas, pero los fondos de la vivienda social tienen un objetivo: la casa propia y el barrio digno, incluyendo las actividades deportivas en esos barrios dignos”.
Gazmuri pide al Gobierno explicar sus prioridades
Una crítica similar planteó la diputada Ana María Gazmuri (AH), integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, quien diferenció entre el derecho de las comunidades religiosas a contar con espacios para sus actividades y el uso de recursos del Minvu para financiarlos.
“Me parece absolutamente legítimo que las comunidades religiosas puedan contar, por supuesto, con su espacio para desarrollar sus actividades, pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de recursos del Ministerio de Vivienda, en un contexto de recortes y con cientos de miles de familias que todavía esperan una solución habitacional. Por eso, como integrante de la Comisión de Vivienda, pienso que el Gobierno tiene que explicar cuál es su prioridad”, afirmó.
“Si tenemos recursos limitados, si se están recortando programas y si existe una crisis habitacional que sigue siendo urgente, la verdad es que cuesta entender que se destinen cerca de 5.900 millones de pesos a centros comunitarios de culto”, subrayó.
En ese sentido, recordó los compromisos planteados por el Ejecutivo en materia de vivienda y reconstrucción, señalando que “se nos ha hablado de acelerar la entrega de viviendas, de enfrentar la emergencia habitacional, de darle prioridad a la reconstrucción”.
“El Gobierno también comprometió más de 400.000 millones de pesos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios y posteriormente se habló de 465.000 millones en el marco de la Ley de Reconstrucción. Entonces, esos recursos tienen que llegar efectivamente a las familias y transformarse en viviendas, barrios e infraestructura reconstruida”, indicó.
Así, finalmente, la diputada insistió en que “aquí no se trata en absoluto de cuestionar la libertad religiosa, se trata de preguntarnos si los recursos del Ministerio de Vivienda están siendo destinados donde hoy existe la mayor urgencia social, porque mientras existen compromisos de entregar vivienda y reconstruir territorios afectados por catástrofe, cuesta entender que casi 5.900 millones de pesos tengan como destino esta línea de financiamiento”.
“Las prioridades importan y hoy, para las familias damnificadas, para quienes esperan una vivienda y para quienes siguen esperando la reconstrucción de sus barrios, la prioridad debería ser que esas soluciones lleguen efectivamente a sus hogares”, concluyó.
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