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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La PDI y la Fiscalía de Viña del Mar buscan a Natalia Álvarez Murillo, dueña de Probarte Banquetería SpA, acusada de estafar por cerca de $120 millones a 60 víctimas en un caso de servicios no prestados para matrimonios. A pesar de pagar una fianza de $5 millones, Álvarez desapareció y ahora es prófuga. Su pareja, José Galarce, fue condenado a libertad vigilada. La Corte Suprema confirmó la prisión preventiva para Álvarez, quien enfrenta una orden de detención.

La PDI y la Fiscalía de Viña del Mar mantienen diligencias para dar con el paradero de la banquetera Natalia Álvarez Murillo, quien permanece inubicable luego de recuperar su libertad tras pagar una caución de $5 millones, en una causa donde está imputada por estafas reiteradas.

Según publicó La Tercera, la mujer es investigada por una serie de servicios contratados principalmente para matrimonios que finalmente no se habrían concretado. El Ministerio Público cifra en cerca de $120 millones el perjuicio y en 60 las víctimas involucradas.

La mujer, propietaria de Probarte Banquetería SpA, fue formalizada en junio junto a su pareja, José Galarce. En aquella audiencia, la Fiscalía y los querellantes solicitaron la prisión preventiva.

Un documento del Poder Judicial obtenido por Radio Bío Bío permite reconstruir lo ocurrido durante los días siguientes y la controversia judicial que terminó llegando hasta la Corte Suprema.

La fianza de $5 millones

De acuerdo con los antecedentes judiciales, el 9 de junio el Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó la prisión preventiva de Álvarez bajo la causal de peligro de fuga, pero estableció una caución de $5 millones que le permitía recuperar su libertad.

La defensa depositó el dinero en la cuenta del tribunal y, una vez acreditado el pago, se emitió la respectiva contraorden.

La Fiscalía apeló esa resolución el 10 de junio y, al día siguiente, hizo lo mismo la parte querellante. Los recursos llegaron a la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El 12 de junio, el tribunal de alzada modificó la decisión. Considerando el número de delitos investigados, las penas asociadas y la eventual sanción, resolvió mantener la prisión preventiva, pero esta vez bajo la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, eliminando en los hechos la posibilidad de permanecer libre mediante la caución.

Para entonces, sin embargo, Álvarez ya había salido de prisión. Según informó La Tercera, desde entonces no ha podido ser ubicada y actualmente existe una orden de detención en su contra. Fuentes citadas por ese medio señalan que una de las líneas investigativas apunta a que podría encontrarse en la región de Atacama.

Defensa llevó caso de banquetera de Viña del Mar hasta la Suprema

La defensa de Álvarez intentó revertir la resolución mediante un recurso de amparo. Argumentó que la Corte de Valparaíso no había explicado suficientemente por qué correspondía modificar la causal y cuestionó que no se detallara por qué la caución de $5 millones resultaba insuficiente.

En concreto, pidió dejar sin efecto la resolución y volver a la situación anterior: prisión preventiva por peligro de fuga, manteniendo la posibilidad de caución.

La propia Corte de Valparaíso se declaró incompetente para conocer el amparo, debido a que este cuestionaba una resolución pronunciada por otra sala del mismo tribunal. Por ello, los antecedentes fueron enviados a la Corte de Apelaciones de La Serena.

La acción finalmente fue rechazada y el caso llegó hasta la Corte Suprema. El 20 de julio, el máximo tribunal confirmó lo resuelto por la Corte de La Serena, señalando que el amparo no era la vía para impugnar lo decidido por un tribunal de la misma jerarquía que aquel llamado a conocerlo.

La decisión, sin embargo, no fue unánime. Los ministros Manuel Antonio Valderrama y Jorge Luis Zepeda estuvieron por acoger el recurso. Ambos estimaron que la resolución que cambió la causal de la prisión preventiva no entregó una fundamentación suficiente, considerando especialmente que la decisión terminó descartando la posibilidad de caución.

PDI tras la pista de Álvarez

Mientras se desarrollaba la discusión judicial, la PDI comenzó las diligencias para encontrar a la imputada.

De acuerdo con La Tercera, esas actuaciones quedaron expuestas en otro recurso judicial presentado por Julia Murillo, madre de Álvarez, quien denunció procedimientos policiales realizados en su domicilio de Casablanca.

La mujer sostuvo que detectives concurrieron hasta su vivienda durante julio preguntando por su hija y que posteriormente se realizaron otras diligencias, incluyendo la revisión de su vehículo. También denunció seguimientos y cuestionó actuaciones policiales que, según afirmó, involucraron a sus nietos menores de edad.

Ante el recurso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso solicitó informes a la PDI y al Ministerio Público.

No obstante, la policía civil descartó irregularidades y sostuvo que las diligencias se realizaron dentro del marco legal de la investigación. El fiscal Leonel González, en tanto, explicó que el ingreso al inmueble se efectuó en cumplimiento de una orden judicial de detención y defendió las actuaciones desplegadas para intentar ubicar a Álvarez.

Pareja de banquetera de Viña del Mar ya fue condenada

Pese a que la principal imputada continúa sin ser localizada, la investigación ha seguido avanzando respecto de otros involucrados.

Según consignó el matutino, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar dictó recientemente sentencia contra José Galarce, pareja de Álvarez, luego de que el imputado accediera a un procedimiento abreviado y colaborara con la investigación.

Galarce fue condenado a 300 días de cárcel, pena que fue sustituida por libertad vigilada bajo supervisión de Gendarmería. A ello se sumó una multa de 5 UTM.

Así, mientras una parte de la causa ya registra su primera condena, las diligencias de la Fiscalía y la PDI continúan concentradas en encontrar a Natalia Álvarez y ejecutar la orden que dispone su regreso a prisión preventiva, esta vez sin la posibilidad de recuperar la libertad mediante la caución que pagó antes de desaparecer.