Caso Audios: Mientras CDE se querella contra Ulloa, Chadwick vuelve al foco por arista Parque Capital

El nombre del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, volvió a estar en la palestra, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara una querella criminal en su contra por los delitos de cohecho, prevaricación y revelación de secretos, en el marco del Caso Audios.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó que la causa está radicada en la Fiscalía Regional de Valparaíso y que la querella del CDE será uno de los antecedentes que deberá evaluar la fiscal a cargo, quien determinará las diligencias que correspondan.

La acción del CDE no implica que los delitos estén acreditados, ya que será el Ministerio Público el encargado de investigar los hechos y establecer su eventual calificación jurídica.

Chadwick en la mira

En paralelo, otro nombre se alzó como uno de los protagonistas de la arista Parque Capital, derivada del Caso Audios.

Hablamos del exministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, cuya investigación fue separada de la que ya tiene una acusación sobre la mesa. Esto para evitar una “decisión de no perseverar” del Ministerio Público.

El fiscal Valencia explicó que separar a imputados respecto de los cuales todavía no se ha formalizado investigación es una decisión procesal habitual y que, por ahora, no puede interpretarse en un sentido u otro respecto de Chadwick.

Sobre la eventual configuración del delito de tráfico de influencias, el abogado de la Universidad de Talca, Nicolás Manríquez, explicó que se requiere que el autor sea funcionario público y que se prevalezca de esa calidad para influir sobre otro funcionario.

“Pero la influencia no es cualquier sugerencia o recomendación o conexión que pueda favorecer entre una o más personas. Este primer funcionario tiene que prevalecerse de esta calidad de funcionario que detenta en relación al segundo funcionario”, sostuvo.

De esta forma, ambas investigaciones ligadas al Caso Audios permanecen abiertas y será el Ministerio Público el que deberá determinar el alcance de los antecedentes reunidos y si estos permiten establecer eventuales responsabilidades penales.