En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, región de Los Lagos, por primera vez se revisó la solicitud de desafuero de un senador de la República, correspondiente a la solicitud planteada por la Fiscalía regional de Aysén contra el senador Miguel Ángel Calisto, acusado de fraude al Fisco y fraude de subvenciones por hechos acontecidos entre 2018 y 2022.
El hecho se revisó en la región de Los Lagos dado que los miembros de la Corte de Coyhaique se inhabilitaron porque ya habían desaforado a Calisto, por los mismo hechos, cuando era diputado, en 2025.
Los hechos dan cuenta de la presunta contratación fantasma de Carla Graff, cónyuge de la exmano derecha de Calisto, Roland Cárcamos, ambos coimputados.
En ese sentido, ella habría prestado servicios pagados por el Poder Legislativo, pero según acusa la Fiscalía, no hay antecedentes de que haya ejecutado efectivamente su labor.
El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Lucero, viajó hasta Puerto Montt para defender la solicitud de desafuero.
“Estamos hablando en definitiva también del análisis de diversas cuentas corrientes, informes, declaraciones que pueden aseverar con fuerza la gravedad de los antecedentes. Y por tanto, le hemos pedido a la ilustrísima Corte de Apelaciones que determine y poder por fin continuar y avanzar en un proceso penal como cualquier chileno o chilena de que, efectivamente, el hecho del desafuero no significa eventualmente una circunstancia en la cual yo puedo realizar cuestiones de impunidad”, apuntó Lucero.
Por su parte, el abogado defensor del senador aysenino, José Gómez, dijo que no hay antecedentes siquiera para desaforarlo, criticando además la declaración de Cárcamo que inculpó a su representado.
“Nosotros creemos que en base a los antecedentes que hay, ni siquiera debería ser desaforado, porque justamente todas las imputaciones que se hacen se caen por el propio peso de la investigación. Ese cambio tan importante de versión, que es de 180 grados, motiva evidentemente el hecho de que esta persona estaba en prisión preventiva y al día siguiente de prestar la declaración recupera su libertad, lo que evidentemente para nuestro juicio es sospechoso”, afirmó Gómez.
Cabe recordar que a Calisto además se le investiga por otra causa, el denominado caso Junaeb, indagatoria penal por una eventual red de corrupción vinculada a las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar, con presuntos sobornos para favorecer a una empresa.