Luego que se conociera el plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White, rápidamente en el Senado se activó la redacción de dos proyectos de ley para resguardar a las autoridades en el combate al crimen organizado.
El primero, de autoría de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, plantea agregar cargos al listado de víctimas protegidas en homicidios por encargo, que cuenta actualmente con jueces penales, fiscales, defensores públicos, Carabineros, PDI y Gendarmería.
Lo que propone la iniciativa es que se pueda sumar a alcaldes, gobernadores regionales, ministro de Seguridad Pública, subsecretarios y seremis de la cartera, delegados regionales y provinciales, directores de Seguridad Pública provinciales y comunales. Del mismo modo, se plantea una cláusula que cubre a cualquier autoridad relacionada con la seguridad pública o la prevención del delito.
Además, se añade un inciso que fija que cuando el homicidio por encargo se cometa contra alguna de estas autoridades, se sancionará con pena de consumado desde el grado de tentativa.
La parlamentaria por la región del Maule afirmó que no siempre aumentar las penas resuelve los problemas de seguridad, pero es una ayuda, pidiendo al Gobierno que ponga urgencia al proyecto.
“Subir las penas no siempre es la única solución, pero por cierto ayuda a que no tengamos este tipo de amenazas. También es una señal que el gobierno eventualmente le dé una urgencia a este proyecto”, sentenció.
Por otro lado, el proyecto ingresado por los senadores Karim Bianchi, Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, Paulina Núñez y Cristian Vial plantea una modificación a la misma lista, pero solo considerando a alcaldes y concejales cuando se conspire contra sus vidas.
Vial, senador independiente por el Partido Republicano, reconoce que esto ya está considerado en el Código Penal, pero que sumar a los jefes comunales y ediles presenta penas mayores para quienes planifiquen asesinarlos.
“Esto ya lo considera nuestra legislación, el Código Penal, pero están incluidos solamente los jueces, los fiscales y los policías. La persona que se concierte para atentar contra la vida de una autoridad comunal podría ser privada de libertad hasta por 10 años”, apuntó.
Ambos proyectos pasaron a la comisión de Seguridad Pública para su discusión, donde incluso podrían ser refundidos en un único texto, a modo de economizar su legislación.
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