Chile actualizó su principal norma para el diseño sísmico de edificios y, por primera vez, incorporó explícitamente un peligro que durante décadas permaneció en segundo plano: la construcción en áreas donde existen fallas geológicas activas.
La nueva NCh433:2026 establece que los proyectos emplazados sobre estas estructuras deberán contar con estudios adicionales, considerando que los terremotos asociados a ellas -aunque son menos frecuentes que los grandes sismos de subducción- pueden provocar efectos localmente más destructivos.
El cambio adquiere especial relevancia debido a que en Chile se han identificado casi mil fallas activas o potencialmente activas. La más conocida es la Falla de San Ramón, que se extiende durante cerca de 50 kilómetros del piedemonte de Santiago.
Casi dos millones de personas viven en las comunas atravesadas por esta estructura geológica y miles habitan directamente sobre su traza, según antecedentes difundidos por especialistas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
La actualización fue oficializada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) mediante un decreto publicado el 10 de agosto en el Diario Oficial. La normativa entrará en vigencia seis meses después de esa publicación.
Se trata de la modificación más importante de la NCh433 en casi dos décadas y busca recoger parte de las lecciones que dejó el terremoto del 27 de febrero de 2010.
El peligro que estaba en segundo plano
La mayor parte de los grandes terremotos que permanecen en la memoria de los chilenos se origina en el contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana. Estos eventos pueden afectar extensas zonas del país y, debido a su recurrencia, fueron considerados tempranamente en las normas de construcción.
Distinto es el caso de los denominados sismos corticales, asociados a fallas activas ubicadas en la corteza terrestre. Aunque pueden pasar miles de años entre un evento y otro, se producen a menor profundidad y cerca de áreas habitadas.
El académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, Gabriel Easton, explicó que estos movimientos pueden romper la superficie y “alcanzar aceleraciones del suelo localmente mucho mayores y con espectros de frecuencia distintos” a los terremotos de subducción.
Esa característica, agregó, puede “destruir o impactar fuertemente la infraestructura” ubicada en las zonas más próximas a la falla.
La nueva normativa combina un enfoque probabilístico —que analiza la posibilidad de que ocurra un determinado terremoto— con otro determinista, que estudia las consecuencias que tendría ese evento si efectivamente se produjera.
El académico del Departamento de Ingeniería Civil de la misma casa de estudios, Rubén Boroschek, sostuvo que el hecho de que una falla lleve miles de años sin generar un gran terremoto no significa que su peligro pueda descartarse.
“Ya nadie va a poder ignorar la información pública sobre la existencia de las fallas activas”, afirmó el especialista, quien integró el comité del Instituto Nacional de Normalización (INN) encargado de concretar la actualización.
Falla San Ramón: miles viven sobre su traza
Uno de los casos más sensibles es el de la Falla de San Ramón, cuyo último gran terremoto habría ocurrido hace unos ocho mil años.
Pese al conocimiento científico acumulado durante más de dos décadas, esta estructura no aparece contemplada en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el principal instrumento de ordenamiento territorial de la capital.
La ausencia de restricciones específicas ha permitido que una parte importante de su trazado haya sido urbanizada, especialmente en el sector oriente de Santiago. No obstante, entre un 30% y un 40% de la falla todavía permanece sin urbanizar entre los ríos Mapocho y Maipo, proporción que aumenta en Pirque.
Easton calificó la modificación de la NCh433 como “un avance importante”, pero advirtió que debe complementarse con planes de respuesta, cambios en los instrumentos de planificación territorial y educación para las comunidades expuestas.
La lección que dejó el 27F
La actualización de la norma se remonta a las consecuencias observadas después del terremoto de 2010. Tras el 27F, algunas deficiencias fueron corregidas mediante el Decreto Supremo N.º 61 de 2011, lo que provocó que durante 15 años coexistieran disposiciones diferentes para el diseño sísmico de edificios.
“Aunque el decreto fue muy útil porque liberó ciertas dificultades, en la práctica teníamos dos documentos que no eran completamente compatibles”, explicó Boroschek.
El académico destacó que el 27F también confirmó el buen desempeño general de la ingeniería sísmica chilena. De cerca de diez mil edificios ubicados en la zona afectada, una proporción reducida sufrió daños estructurales graves y prácticamente no hubo colapsos.
Sin embargo, alrededor de 100 construcciones quedaron con daños que obligaron a demolerlas.
“Vimos la oportunidad de mejorar esa situación”, sostuvo Boroschek.
La nueva NCh433 busca precisamente reducir ese tipo de consecuencias y actualizar la manera en que los proyectos evalúan el territorio donde serán levantados. Su entrada en vigencia no significa una prohibición general de construir cerca de fallas activas, pero sí obligará a reconocer su existencia y analizar sus riesgos antes de desarrollar una obra.
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