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Mucho se habla de la democracia y de que los políticos solo aparecen cada cuatro años. Vale la pena invertir la pregunta ¿no seremos también nosotros, los ciudadanos, quienes solo nos acordamos de ellos cada cuatro años? Como dice el viejo refrán, ¿de quién es la responsabilidad: del chancho o de quien le da el afrecho?
La democracia no puede limitarse al día de la elección. El voto es esencial, pero constituye apenas el comienzo de la responsabilidad ciudadana. Luego viene la tarea más larga y menos vistosa: fiscalizar a nuestras autoridades, vigilar cómo se administran los recursos públicos, exigir explicaciones y denunciar cuando los hechos puedan constituir una irregularidad.
No resulta coherente quejarse de que “nadie hace nada” cuando quien lo dice tampoco hace nada, más cuando disponemos de mecanismos para actuar. Podemos solicitar información pública, revisar compras y transferencias estatales, denunciar ante la Contraloría, entregar antecedentes a la Fiscalía y recurrir a los tribunales cuando corresponda. Las instituciones existen para ser parte de la solución, no solamente para pagar sueldos -que muchas veces son excesivos-.
Tampoco sirve justificar la delincuencia mediante explicaciones sociales que terminan diluyendo la responsabilidad individual. Cuando alguien se apropia de recursos públicos, debe responder con mayor severidad que un delincuente común, porque obró en contra de Chile. No sirve explicar las causas para malamente justificar el daño.
Un corrupto no daña solo a esa entelequia llamada Estado; ni a los políticos que lo integran. Nos daña a todos al sustraer recursos provenientes de los impuestos que pagamos e impedir que sean destinados a financiar viviendas, seguridad, educación, salud o infraestructura.
Chile conoció los casos Penta y SQM, que expusieron las relaciones entre dinero y política y dieron lugar a investigaciones y numerosas salidas procesales. Esto contribuyó a instalar en la ciudadanía la percepción de que el reproche institucional no guarda proporción con la gravedad de los hechos.
Luego aparecieron nuevos episodios. El Caso Convenios volvió a poner bajo sospecha la forma en que organismos públicos transfieren recursos a entidades privadas. La Fiscalía ha reconocido que estas investigaciones afectaron profundamente la confianza ciudadana y ha desarrollado numerosas diligencias y formalizaciones en distintas regiones.
La fallida compra estatal de la casa del expresidente Salvador Allende dejó en evidencia errores políticos, jurídicos y administrativos que debieron ser advertidos antes de comprometer recursos y prestigio país.
La investigación penal fue finalmente cerrada en julio de 2026, luego de que la Fiscalía comunicara su decisión de no perseverar, pese que fue un hecho reconocido que involucraba a autoridades constitucionalmente impedidas de contratar con el Estado ni sobre la fuerte presión de los asesores de la senadora destituida, que alcanzó incluso a la Contraloría General de la República -hasta en días y horario inhábil, todo lo cual fue normalizado por la misma Contraloría-.
En Codelco, por su parte, la Fiscalía abrió una investigación por eventuales irregularidades relacionadas con una sobreestimación de la producción informada durante varias anualidades.
Los nombres cambian y los casos también, pero todos son manifestaciones de una misma enfermedad: la corrupción. Sus síntomas se repiten: controles que llegan tarde —cuando llegan—, responsabilidades políticas que se diluyen con el paso del tiempo y autoridades que luego sostienen que la justicia no actuó, omitiendo que fueron ellas mismas, o sus propias redes, quienes impidieron que lo hiciera.
Por eso no basta con sancionar a una autoridad negándole el voto. Menos aun cuando sabemos que la memoria electoral es frágil y que, frecuentemente, quienes alguna vez fueron cuestionados terminan regresando al poder, por la puerta principal o por la ventana. La democracia va más allá de la urna. Exige que las responsabilidades no prescriban en la memoria pública ni en el despacho de un burócrata.
Esa es la razón de ser de la Fundación Fuerza Ciudadana y de su llamado a todo ciudadano a mantenerse firmes sobre sus pies. Si estamos cansados de los acuerdos entre quienes controlan el poder, debemos investigarlos, exponerlos y denunciarlos, siempre con antecedentes serios y con el respeto que merece el Estado de Derecho.
Fiscalizar significa formular preguntas, exigir documentos, contrastar explicaciones y activar los organismos competentes, porque siempre debemos tener en cuenta que quien paga manda y quien paga es el pueblo, no quien se hace rico a su costa.
La democracia se debilita cada vez que un ciudadano espera que otro se haga cargo de aquello que a él mismo le molesta. En cambio, se fortalece cada vez que alguien exige una respuesta y hace que las instituciones cumplan la función por la que pagamos.
